La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno analiza, en coordinación con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos en México, la incorporación de un grupo de expertos independientes que acompañe la investigación del caso Ayotzinapa.
El objetivo es fortalecer las indagatorias y avanzar hacia el esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas. Sheinbaum explicó que los especialistas no serán contratados por el gobierno federal, sino que formarán parte de una asesoría respaldada por una institución internacional independiente, para dar mayor credibilidad al proceso.
Gestión ante la ONU
La mandataria ya solicitó formalmente a la Oficina del Alto Comisionado explorar esa posibilidad. Incluso abordó el tema directamente con el alto comisionado durante su visita al país. La respuesta fue que no se reincorporarán los expertos que participaron anteriormente, sino que la ONU propondrá nuevos especialistas.
Sheinbaum reconoció diferencias con algunas organizaciones de derechos humanos sobre la conducción del caso y resoluciones judiciales previas. Aseguró que la nueva línea de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) ha permitido recuperar una perspectiva científica y detectar omisiones en investigaciones anteriores.
Sin embargo, los avances no pueden hacerse públicos por ahora, para no comprometer las indagatorias y por respeto a los familiares.
“El giro o la nueva visión de la investigación que estamos haciendo está dando muchos resultados; no los podemos dar a conocer todavía por respeto a los padres y a las madres, y además a la propia investigación”, sostuvo.
La presidenta reiteró que su administración busca la verdad y la justicia, así como conocer el paradero de los 43 jóvenes. Mantiene reuniones periódicas con los padres para informarles sobre el desarrollo del caso. Sheinbaum ha dado seguimiento personal, revisando informes y carpetas, en coordinación con la FGR y la consejera jurídica Luisa María Alcalde.
Finalmente, consideró que no es momento de abrir un debate público sobre las diferencias en el caso, pues la prioridad es preservar las investigaciones e informar primero a las familias.
