La Profepa volvió a cerrar el Zoológico de León. Segunda vez en menos de un año.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ordenó otra clausura del recinto, esta vez por fallas en el manejo y bienestar de los animales. La medida suspende actividades abiertas al público: nada de exhibiciones, interacciones ni otros aprovechamientos. El candado se mantiene hasta que la autoridad federal confirme que todo está en orden. Fecha de reapertura: ninguna.
No es la primera vez. En diciembre de 2025, un juez federal ya había ordenado el cierre tras denuncias por descuido, maltrato y muerte de animales—borregos muflones y un avestruz incluidos. Desde entonces, el zoológico ha estado bajo lupa federal.
La administración del parque dice que desde esa fecha invirtió unos 200 millones de pesos municipales en mejoras: infraestructura, protocolos, supervisión técnica. Aseguran que las especies reciben atención integral—comida adecuada, seguimiento veterinario constante.
“Reiteramos nuestro compromiso con los estándares de bienestar animal y condiciones seguras para todos”, declararon.
Bonito discurso. Pero la Profepa no se traga cuentos: la reapertura depende exclusivamente de que las autoridades ambientales validen que las irregularidades están resueltas. Mientras tanto, los animales siguen ahí—encerrados para el público, pero aún bajo escrutinio.
Dato clave: Esto huele a déjà vu legal. Cada vez que un zoológico promete cambios millonarios y luego vuelve a ser clausurado, uno se pregunta si el dinero realmente llegó a las jaulas o solo a los comunicados.
