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Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que el alcalde privado de la vida de Temoac, Valentín Lavín Romero, estaba relacionado con los homicidios de los activistas Samir Flores y Sandra Rosa Camacho Flores.

Durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum en Cuernavaca, Morelos, García Harfuch detalló que la línea de investigación del caso de Samir Flores está a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR).

Investigación en curso

Al ser cuestionado sobre el número de implicados en el homicidio del activista en 2019, el secretario señaló:

“La línea de investigación, específicamente de esos homicidios, la lleva la Fiscalía local.”

Y agregó:

“Nosotros, con la Fiscalía del estado y FGR, en conjunto con el Centro Nacional de Inteligencia, esta era una de las líneas y uno de los delitos por los que se estaba investigando al alcalde, específicamente por estos dos homicidios.”

García Harfuch concluyó que la Fiscalía local dará más detalles en su momento. La investigación federal se centraba en el exalcalde como presunto responsable.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya había presentado denuncias contra las personas y empresas sancionadas por Estados Unidos por presuntos vínculos con el grupo delictivo Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, García Harfuch detalló que la UIF integró las investigaciones antes de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) hiciera públicas las designaciones.

“Sí, fueron 55 sujetos: 39 personas físicas y 16 personas morales. La UIF denunció antes de la designación de OFAC. Ya tenía la UIF denunciadas a estas personas”, afirmó.

Acciones coordinadas

El titular de la SSPC indicó que la OFAC mantiene comunicación con la UIF para estos procedimientos. Las sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro forman parte de un trabajo conjunto entre ambos gobiernos.

El Departamento del Tesoro calificó las medidas como la mayor ofensiva financiera contra el CJNG. Las sanciones incluyen a presuntos operadores, familiares y empresas que, según las autoridades estadounidenses, protegen y administran el patrimonio de la organización.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) continúa las pesquisas contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y la empresa Ingemar por presunto contrabando de combustible.

Desde Cuernavaca, Morelos, durante su conferencia matutina, Sheinbaum señaló que el caso involucra a más empresas. “Hay muchos otros relacionados con esta empresa”, dijo.

Detalles de la investigación

De acuerdo con información publicada por EL UNIVERSAL, la FGR identificó a 11 empresas que forman parte de la red de contrabando de Ingemar, donde Ruffo Appel figura como socio. El reporte indica:

“De acuerdo con la causa penal, las compañías participaron en el tráfico de combustible con Ingemar. Cuatro de ellas son destinatarias: a quienes se les entregaba el hidrocarburo, se almacenaba y comercializaba. Las entidades mercantiles simulaban actos para justificar la cesión de propiedad de los petrolíferos y su ilegal distribución.”

Sheinbaum explicó que la indagatoria llevó un año debido a la complejidad de la red. “No solo se trata de ferrotanques que pasaron la frontera sin declarar la cantidad de diésel que traían, sino que hay muchos otros relacionados con esta empresa que también lo hicieron”, subrayó.

La mandataria añadió que la FGR investiga cómo se almacenaba y distribuía el combustible a gasolineras, lo que involucra a más empresarios y compañías vinculadas al contrabando.

Sheinbaum recalcó que la FGR mantiene abierta la investigación para esclarecer todas las responsabilidades.