Un caso de feminicidio sin justicia

Minerva Lima vivió una mezcla de alivio y frustración al conocer la muerte de Miguel “N”, el principal sospechoso del asesinato de su hija Frida Sofía, ocurrido hace una década. El presunto feminicida serial falleció en prisión sin enfrentar sentencia por los crímenes atribuidos a él, incluido el de su hija y otras cinco mujeres cuyos restos fueron hallados en su vivienda de Iztacalco.

Fallas en el sistema judicial

La detención de Miguel “N” se produjo tras el asesinato de María José, una adolescente de 17 años, en abril del año pasado. Sin embargo, los procesos legales avanzaron con lentitud, impidiendo que las víctimas y sus familias obtuvieran justicia. “No era justo lo que hizo, y se fue muy tranquilo”, expresó Minerva en una entrevista con REFORMA, destacando la ausencia de condena ejemplar.

La muerte del acusado, ocurrida tras una caída en el Reclusorio Varonil Oriente, dejó más preguntas que respuestas. Las autoridades inicialmente atribuyeron el deceso a un paro cardiorrespiratorio, pero la versión oficial fue ajustada posteriormente.

Frida Sofía, estudiante de Administración Industrial en el Instituto Politécnico Nacional, desapareció a los 22 años. Su caso, como el de otras víctimas, quedó estancado en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, evidenciando las deficiencias en las investigaciones de género.

¿Qué sigue para las familias? La falta de claridad judicial y la impunidad generan un precedente preocupante en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. La demanda por procesos ágiles y transparentes sigue vigente.

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Polémica visita recreativa en medio de proceso legal

El diputado federal por Morena, Cuauhtémoc Blanco Bravo, generó atención este miércoles al ser fotografiado en el parque acuático Six Flags Hurricane Harbor en Oaxtepec, Morelos. El exmandatario estatal acudió en compañía de su familia, portando una hielera, y fue reconocido por visitantes que le solicitaron fotografías.

Contexto jurídico pendiente

Esta aparición ocurre días después de su comparecencia en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, donde su defensa legal, liderada por la abogada Naybi Ríos, solicitó acceso a la carpeta de investigación por el presunto delito de violación en grado de tentativa. El juez César Augusto Galán Delgado declinó resolver el fondo del asunto, respaldando el argumento de la Fiscalía General del Estado dirigida por Edgar Maldonado Ceballos: al mantener su fuero constitucional, el legislador conserva inmunidad procesal.

La decisión judicial deja el caso en suspenso hasta que la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados evalúe una eventual solicitud para retirar el privilegio parlamentario. Mientras tanto, el exfutbolista continúa con sus actividades públicas y privadas sin restricciones.

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Contradicciones legislativas en Aguascalientes

El Congreso local de Aguascalientes aprobó en una sola jornada dos medidas de impacto social opuestas: declarar las corridas de toros como patrimonio cultural intangible y criminalizar la difusión de narcocorridos en espacios públicos. La primera decisión, respaldada por 26 votos unánimes incluyendo a Morena, otorga protección constitucional a prácticas como la tauromaquia, peleas de gallos y charrería.

Impacto económico vs. debate ético

Según el dictamen legislativo, los espectáculos taurinos generan una derrama económica anual superior a 300 millones de pesos, beneficiando sectores como hospedaje, restauración y comercio local. Esta justificación contrasta con las críticas de organizaciones animalistas, cuyas protestas frente al Palacio Legislativo no impidieron la aprobación.

Paralelamente, se reformó el Código Penal para sancionar con 6 meses a 1 año de prisión y multas excediendo 100,000 pesos la apología a la violencia en eventos masivos, especialmente si involucra menores o glorifica a grupos delictivos. La medida llega en vísperas de la Feria de San Marcos, donde actuarán exponentes del género como Julión Álvarez y Natanael Cano.

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