Nacional
México restablece 93% del servicio eléctrico tras lluvias
Avances en la recuperación tras las lluvias y una reforma clave para agilizar la justicia en México.
Restablecimiento del Servicio Eléctrico Tras Emergencias Climáticas
El Gobierno de México, actuando mediante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), reportó un avance significativo en la recuperación de las entidades federativas impactadas por las precipitaciones intensas registradas entre el 6 y el 9 de octubre. Al corte de las 06:00 horas del jueves 16 de octubre, se había logrado un 93 por ciento de restablecimiento del suministro eléctrico, beneficiando directamente a 243,762 usuarios en los estados de Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Puebla y Querétaro. Este porcentaje representa un progreso sustancial en la mitigación de los efectos de la contingencia meteorológica.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció de manera explícita la dedicación, la convicción y el sacrificio de las trabajadoras y los trabajadores de la empresa productiva del Estado. Subrayó que, durante esta situación de emergencia, el personal de la CFE ha conseguido que incluso comunidades que permanecen en condición de aislamiento cuenten con el servicio de energía eléctrica. En el marco de su conferencia matutina, “Las mañaneras del pueblo”, la mandataria realizó una defensa del modelo de empresa pública, argumentando que, bajo un esquema privatizado del sistema eléctrico nacional, no se estarían ejecutando las acciones de recuperación que actualmente se despliegan.
“Afortunadamente, contamos con una empresa pública. Si el sistema eléctrico estuviera privatizado, jamás se estaría realizando lo que hoy realiza la CFE. La convicción, la entrega, el sacrificio de los trabajadores, las y los trabajadores electricistas es algo extraordinario. Imagínense, 60 plantas de emergencia eléctricas de la propia reserva estratégica de CFE para poderlas transportar a las comunidades aisladas en helicóptero para que puedan tener luz”, destacó.
Desde Huauchinango, Puebla, mediante un enlace en la conferencia de prensa, la directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, proporcionó un desglose pormenorizado de la situación. Precisó que, además de los 243,762 usuarios cuyo servicio ya fue normalizado, existen 19,700 más que se encuentran en proceso activo de restablecimiento, lo que implica trabajos continuos de reparación de la infraestructura dañada. Asimismo, informó sobre una medida complementaria de gran impacto social: “Y por último, informarle, Presidenta, que estamos entregando los 13 mil chips, que CFE está distribuyendo de manera gratuita para poder comunicar vía celular y que tengan internet en las comunidades que sufrieron afectaciones”. Esta acción busca paliar la brecha de comunicación digital en las zonas más afectadas.
Análisis de la Reforma a la Ley de Amparo
En un ámbito completamente distinto, pero de igual relevancia para el marco jurídico nacional, la Jefa del Ejecutivo Federal se refirió a la reforma a la Ley de Amparo aprobada por el Senado de la República. La Presidenta Sheinbaum Pardo puntualizó que el objetivo primordial de esta modificación legal es continuar protegiendo al pueblo de México frente a cualquier acto injusto de la autoridad. La reforma busca convertir este recurso jurídico en un instrumento más expedito y accesible, facilitando un acceso a la justicia más eficiente para la ciudadanía.
La mandataria enfatizó que la enmienda respeta escrupulosamente el Artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece el principio de irretroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna. “Se está protegiendo al pueblo de México frente a cualquier acto injusto de la autoridad, eso no cambia en lo más mínimo; al contrario, se fortalece. Entonces, quien habla en contra de la Ley de Amparo y miente diciendo que ‘no se está respetando la retroactividad’ —ese derecho constitucional— es mentiroso; o mienten deliberadamente o de plano no han leído y actúan por consigna, la verdad. Es así de sencillo, llano y claro”, aseveró con contundencia.
El coordinador general de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, respaldó esta postura, calificando como absolutamente falsas las afirmaciones que señalan que la reforma es regresiva o que limita la defensa de las personas. Por el contrario, explicó que la iniciativa persigue agilizar el procedimiento, acortar plazos en los trámites y dar un paso decisivo hacia la justicia digital. “Va a ser una justicia más moderna, más cercana, más accesible, esa es la finalidad primordial del juicio de amparo en esta reforma”, agregó. Subrayó que con esta reforma se mantiene una defensa plena e integral de los derechos fundamentales.
Zaldívar Lelo de Larrea profundizó en las modificaciones específicas relacionadas con la figura de la suspensión. Explicó que los ajustes normativos tienen el propósito de evitar el abuso de esta medida cautelar, particularmente en casos que pudieran dificultar u obstaculizar el combate a delitos complejos como el lavado de dinero. Simultáneamente, se incorporaron salvaguardas para proteger a aquellas personas cuyas cuentas bancarias hayan sido bloqueadas por un error, estableciendo mecanismos para no afectar a quienes puedan acreditar el origen lícito de sus recursos financieros. Esto refleja un equilibrio deliberado entre la eficacia de la procuración de justicia y la protección de los derechos patrimoniales de los ciudadanos.
La simultaneidad de estos dos eventos –la respuesta a una emergencia climática y la aprobación de una reforma judicial sustancial– ilustra la operatividad del Estado mexicano en dos frentes críticos: la atención inmediata a las necesidades de la población ante desastres naturales y la modernización de sus instituciones legales para fortalecer el estado de derecho. El restablecimiento de los servicios básicos como la electricidad y las telecomunicaciones es una función primordial del Estado en contextos de crisis, mientras que la evolución de las herramientas jurídicas, como el juicio de amparo, es fundamental para asegurar la vigencia y defensa de los derechos humanos y las garantías individuales a largo plazo. Ambas acciones, aunque de naturaleza diferente, confluyen en el objetivo común de proveer seguridad, bienestar y justicia a la ciudadanía.
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Nacional
Sheinbaum defiende la seguridad social para trabajadores de apps
La mandataria aborda las reacciones a la nueva legislación laboral y aclara las reglas para las plataformas y los usuarios.
Gobierno evalúa la implementación de la reforma laboral digital
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la mayoría de los trabajadores de aplicaciones han recibido con beneplácito la reforma en materia de trabajo en plataformas digitales, una modificación legislativa que les garantiza el acceso integral a la seguridad social. Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal subrayó que este derecho no solo beneficia a los repartidores y conductores de manera individual, sino que se extiende a la cobertura de sus grupos familiares, representando un avance sustancial en la protección de este sector laboral.
Frente a reportes que indican incrementos en las tarifas de servicios de plataformas como Uber, la Jefa del Ejecutivo fue enfática al establecer la postura gubernamental. Sheinbaum Pardo insistió en que el costo de esta nueva prestación no debe ser transferido al usuario final mediante recargos adicionales, ni debe ser descontado del salario directo que perciben los prestadores de servicios. La propuesta oficial es que este costo sea absorbido como un componente adicional por las propias empresas tecnológicas, salvaguardando así el poder adquisitivo de los trabajadores y la economía de los consumidores.
Mecanismos de supervisión y cumplimiento
Como parte de la estrategia para garantizar el cumplimiento de estas directrices, la Presidenta instruyó a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que realicen una revisión exhaustiva. El objetivo es verificar si las compañías de servicios digitales están aplicando cobros extras a sus clientes bajo el pretexto de financiar la seguridad social de sus colaboradores. “Si en algún lugar se está cobrando por ello, no es correcto“, declaró, dejando clara la posición de su administración sobre una posible externalización de costos que vulneraría el espíritu de la reforma.
Este marco regulatorio busca equilibrar la relación entre las grandes tecnológicas y su fuerza laboral, otorgando derechos plenos a quienes desempeñan sus labores a través de estas aplicaciones. La implementación efectiva de esta normativa es observada con atención, ya que podría establecer un precedente significativo para la economía digital en la región, promoviendo un modelo de negocio más justo y equitativo.
Diálogo con la industria de bebidas y cooperativas
En otro orden de ideas, pero dentro de la misma rueda de prensa, Sheinbaum Pardo se refirió a la inquietud manifestada por empresas refresqueras y cooperativas, como la emblemática Pato Pascual, concerniente al aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para bebidas azucaradas. La mandataria federal señaló que las Secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público establecerán un canal de comunicación directo con estos actores económicos.
Explicó que el propósito fundamental de esta medida fiscal es de carácter sanitario, buscando desincentivar el consumo de bebidas con altos contenidos de azúcar, cuyo impacto negativo en la salud pública está ampliamente documentado. Reconociendo la trayectoria y el valor social de entidades como la Cooperativa Pato Pascual, a la que calificó como “una historia de lucha extraordinaria”, Sheinbaum aseguró que existirá un diálogo abierto para abordar sus preocupaciones, sin perder de vista el objetivo primordial de proteger el bienestar de la población.
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Nacional
El gobierno deposita la Pensión Bienestar para adultos mayores
El depósito bimestral ya está disponible para los beneficiarios con letras D, E y F. Consulta los montos y fechas de los otros programas sociales.
La cartera estatal que sí te deposita (con condiciones, claro)
En un sorprendente giro de eventos que nadie vio venir, el Gobierno de México, en su inagotable generosidad, continúa repartiendo esa limosna moderna llamada Pensión del Bienestar. Sí, esa ayuda económica que permite a millones de ciudadanos de la tercera edad soñar con comprar algo más que puros frijoles para el mes. Para acceder a este maná estatal, solo necesitas cumplir con dos requisitos nimios: ser mexicano y, cómo no, residir en el país. Una barrera de entrada verdaderamente desafiante, sin duda.
Este programa es la joya de la corona de una extensa colección de subsidios federales diseñados para que grupos como las madres trabajadoras, las personas con alguna discapacidad o, en general, las mujeres (porque, seamos sinceros, a veces la vida les cobra doble entrada), puedan sortear las vicisitudes del capitalismo. El depósito de turno, que con toda la pompa corresponde a los meses de noviembre y diciembre, ha comenzado a caer en las cuentas. ¿Será que el gobierno quiere que estrenemos el año con al menos una cena navideña digna? Qué detallistas.
El sorteo alfabético de la prosperidad
La mismísima Ariadna Montiel, al frente de la Secretaría del Bienestar, se dignó a iluminarnos a través de sus redes sociales con el cronograma de dispersiones. Según el oráculo gubernamental, este viernes 7 de noviembre les toca el turno a los afortunados cuyos apellidos empiezan con las letras “D”, “E” y “F”. ¿Se habrán preguntado alguna vez los burócratas por la suerte de los “Zárate” o los “Zuñiga”? Probablemente no, pero al menos el abecedario avanza.
La recompensa por haber sobrevivido varias décadas en este país es un monto bimestral de 6 mil 200 pesos. Una fortuna que se puede retirar en los bancos o expendedores automáticos de la red de Bancos del Bienestar, magnánimamente libres de comisiones o cargos adicionales. Es casi como si el gobierno entendiera que cobrar por dar tu propio dinero sería… bueno, lo que hacen todos los demás bancos todo el tiempo.
Y no piensen que los adultos mayores se llevan toda la diversión. Durante este mes de noviembre, la piñata estatal también reparte dulces a otros programas: la Pensión para Mujeres Bienestar, la Pensión para Personas con Discapacidad y el Programa de Madres Trabajadoras. Porque repartir apoyos sociales es como una fiesta donde todos están invitados, pero algunos reciben una rebanada de pastel más grande que otros.
El menú a la carta de la asistencia social
Para aquellos que sientan curiosidad por lo que vale la vulnerabilidad en el México actual, he aquí el desglose:
– Pensión del Programa Madres Trabajadoras: La módica cantidad de $1,650 pesos bimestrales por cada retoño de 0 a 4 años. Si el niño tiene una discapacidad, el premio mayor se eleva a la estratosférica suma de $3,720 pesos cada dos meses, hasta que cumpla los 6 años. Porque después de esa edad, aparentemente, la discapacidad se vuelve menos costosa, o eso debe pensar el genio que hizo estos cálculos.
– Pensión Mujeres Bienestar: Un generoso $3,000 pesos. ¿Para un spa day? Quizás para medio tanque de gasolina. Las opciones son… limitadas, pero emocionantes.
– Pensión para Personas con Discapacidad: $3,200 pesos. Una cantidad que sin duda resuelve todas las complejidades logísticas y médicas que enfrenta una persona en esta situación. ¿Verdad?
En un mundo ideal, estos programas serían solo un complemento gracioso a una vida económicamente estable. En la realidad, para muchos son la diferencia entre comer o no. Y eso, queridos lectores, es el chiste más negro de todos, uno que no debería provocar risa, sino una profunda reflexión. Mientras tanto, el show de los depósitos bimestrales debe continuar.
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Nacional
México concluye consulta pública para revisión del T-MEC
Más de 2,500 propuestas recabadas definen la postura nacional. El documento final se entregará en enero de 2026.
México cierra el telón de las consultas: ¿Y ahora qué, Marcelo?
Con el fervor de un reality show político, la Secretaría de Economía ha anunciado, para alivio de todos los que tienen cosas más importantes que hacer, la conclusión de las interminables mesas de diálogo para la revisión del T-MEC. Sí, después de escuchar a los 32 estados (porque aparentemente nadie se podía saltar) y a 30 sectores productivos, el circo ha bajado su carpa. Uno casi puede escuchar el suspiro colectivo de los funcionarios que ya no tendrán que fingir interés en debates sobre la industria del juguete o los lácteos.
En un comunicado que, sorpresa, sorpresa, no fue leído por nadie en su totalidad, la dependencia explicó que, para profundizar en el entusiasmo general, también distribuyeron un cuestionario. Porque nada dice “escuchamos su voz” como un formulario burocrático. La iniciativa privada, siempre ávida de llenar documentos, respondió con la efusividad de un estudiante en época de exámenes: para el 5 de noviembre habían llegado más de 2 mil cuestionarios de las consultas estatales y otros 500 de los sectores económicos. Imaginen la montaña de papel, o de archivos PDF, que algún becario infeliz tendrá que procesar.
El gran documento de la concordia (o del desespero)
Por si alguien se había quedado con las ganas, también se convocó a un diálogo con representantes sindicales, coordinado con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y para los más tímidos o tecnológicos, se habilitó un micrositio para subir propuestas. ¡La modernidad al servicio de la burocracia!
Este monumental ejercicio de consulta pública, que inició el pasado 17 de septiembre con el mismo ímpetu con el que uno empieza una dieta, tuvo su apogeo en octubre. Durante ese mes, se recabó información que, según prometen, será procesada e integrada en un documento que se enviará a la Presidencia de la República y al Senado en enero de 2026. Es decir, tenemos tiempo de sobra para olvidarnos del tema y volver a sorprendernos entonces.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró con una solemnidad que bien merece un Oscar que estos puntos de vista conformarán el “planteamiento negociador” que reflejará el interés nacional de la “manera más integral posible”. O lo que es lo mismo: un documento tan consensuado que probablemente no moleste a nadie… ni beneficie a todos de manera significativa. La dependencia juró que trabajan de “manera ordenada y transparente”. Claro, porque en la política comercial, la transparencia es tan famosa como el Yeti; todos hablan de ella, pero pocos la han visto.
Mientras tanto, al otro lado de la frontera, nuestros socios del norte en Estados Unidos demostraron ser un poco menos entusiastas, o quizás simplemente más selectivos. Su plataforma de consulta registró alrededor de mil 514 comentarios. Además, recibieron 172 solicitudes para participar en una audiencia pública que realizará la Representación Comercial estadounidense (USTR). Una cifra modestamente democrática, si la comparamos con el frenesí recopilador mexicano.
La lista de sectores consultados en México es tan exhaustiva que parece el menú de un buffet de lujo: desde vehículos pesados y la logística, pasando por la leche, los lácteos, las bebidas, la minería, los plásticos, los juguetes, la agroindustria, la energía, la aeroespacial, el calzado, los textiles, el cemento, la electrónica, el acero, el turismo, la construcción, la salud farmacéutica, las autopartes, la pesca y hasta la economía social. Por un momento, uno espera que hayan consultado también a los vendedores ambulantes y a los taqueros de la esquina, por si acaso.
La Secretaría de Economía, en un arrebato de optimismo, reafirmó su compromiso de impulsar condiciones “más equitativas” para las empresas mexicanas. Suena bien, ¿verdad? Solo el tiempo, y la próxima ronda de negociaciones, dirán si tanta consulta se traduce en algo más tangible que un montón de documentos polvorientos en un archivo digital.
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