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La detención

Víctor Rodríguez Padilla, extitular de Petróleos Mexicanos, fue detenido la tarde del martes 7 de julio en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez. Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lo aprehendieron a las 17:32 horas en la calle Monte Albán número 20, frente a un café, según el Registro Nacional de Detenciones.

El exfuncionario, de 1.78 metros, tez blanca y cabello blanco, vestía playera blanca y pantalón de vestir. Fue puesto a disposición del Ministerio Público Común sin que se especificara el delito en el registro.

La denuncia

Rodríguez Padilla es acusado de violencia familiar. Su esposa, la ingeniera nuclear María Felicia Jiménez Lavie, denunció las agresiones físicas que sufría y solicitó protección mediante un video difundido en redes. En su testimonio a EL UNIVERSAL, relató que el ataque del 15 de marzo —captado en grabaciones— no fue un hecho aislado, sino el punto más alto de una escalada iniciada en 2022 con abusos verbales y físicos, incluso un incidente donde su esposo le clavó un bolígrafo en la mano.

“Primero fueron ofensas verbales, después una cachetada, empujones, pero como esta, que fue muy brutal, inclusive estuve varios días con mucho dolor al caminar”, contó la denunciante.

El 29 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a aplicar todo el peso de la ley ante la denuncia de violencia familiar. Señaló que, por ocurrir los hechos en Morelos, la Fiscalía General del Estado de Morelos investigará el caso y determinará la sanción penal. “No se protegerá a nadie frente a un acto como este”, afirmó la mandataria.

Los detalles de la reforma

El Congreso de Veracruz aprobó una reforma constitucional que precisa los mecanismos para la Revocación de Mandato. La medida podría aplicarse a partir de 2028, siempre que se reúnan al menos 750 mil firmas ciudadanas.

La votación fue de 39 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones. Se reformó el inciso B) de la fracción VI del Artículo 15 de la Constitución local.

El procedimiento establece que durante el mes previo al cierre del tercer año del gobierno, quienes promuevan la revocación deberán juntar firmas equivalentes al 10% de la lista nominal del estado, es decir, 750 mil apoyos. Además, ese porcentaje deberá distribuirse en al menos la mitad más uno de los municipios veracruzanos, y en cada uno de ellos representar por lo menos el 3% de los electores registrados.

Una vez recolectadas, la solicitud se presenta al Organismo Público Local Electoral, que contará con 30 días naturales para verificar las firmas y, en caso de cumplir, emitir la convocatoria.

El diputado de Morena, Luis Vicente Aguilar Castillo, defendió la reforma:

“La participación ciudadana no se mide por la facilidad para activar un procedimiento, sino por la capacidad de demostrar que existe una voluntad colectiva, auténtica y ampliamente respaldada por el pueblo.”

En contraste, la diputada de Movimiento Ciudadano, María Elena Córdova Molina, votó en contra. Consideró que la reforma reduce el tiempo para reunir firmas y que las normas se ajustan a conveniencia.

“Las veracruzanas y los veracruzanos demandan mecanismos efectivos y transparentes para expresar su voz y su sentir”, señaló.

También la priista Ana Rosa Valdés Salazar criticó los nuevos requisitos:

“Es casi imposible reunir los nuevos requisitos”, al considerar que incrementan la lista de electores firmantes y exigen distribución en la mitad más uno de los municipios.

La reforma busca definir las reglas para un proceso que, de cumplir con las condiciones, podría activarse en 2028.

La Secretaría de las Mujeres informó que 24 entidades federativas ya aprobaron, promulgaron y publicaron la reforma para armonizar el delito de abuso sexual en sus legislaciones locales. Lo calificó como un “avance trascendental” dentro del Plan Integral contra el Abuso Sexual.

¿Qué cambia con esta reforma?

La iniciativa fue aprobada por el Senado, la Cámara de Diputados y publicada en el DOF el 13 de marzo de 2026. Al unificar el tipo penal, se elimina la disparidad de criterios entre estados. Se clarifican las acciones consideradas como abuso sexual tanto en el ámbito público como privado.

El decreto, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum, reforma los artículos 260 y 266 Bis del Código Penal Federal. Define el abuso sexual como cualquier acto de naturaleza sexual sin consentimiento de la víctima y sin propósito de cópula. Incluye tocamientos, caricias, roces corporales, exhibiciones o representaciones sexuales explícitas. También se considera abuso sexual cuando se obligue a la víctima a exhibir su cuerpo.

El consentimiento no puede presumirse del silencio, pasividad o falta de resistencia física. Las penas van de tres a siete años de prisión, multa de 200 a 500 veces la UMA, y la obligación de asistir a talleres reeducativos con perspectiva de género o prestar servicio social. El cumplimiento de esta obligación es clave para la suspensión condicional del proceso.

El delito se perseguirá de oficio. Las penas aumentan en una tercera parte si concurren circunstancias como violencia física, psicológica o moral; participación de dos o más personas; lugar despoblado; relación de confianza, sentimental, laboral o educativa entre agresor y víctima; cuando lo cometa un servidor público, profesionista o ministro de culto aprovechando su cargo; cuando la víctima esté bajo efectos de alcohol o drogas; en estado de embarazo o puerperio; por orientación sexual, identidad o expresión de género; o cuando la víctima esté en estado de indefensión.

En caso de servidores públicos, se suma destitución e inhabilitación por el mismo plazo de la pena. Para profesionistas y ministros de culto, inhabilitación para ejercer su profesión o cargo.