La cuenta no cuadra

La Secretaría de Salud sale a presumir números. Del 1 de enero de 2025 al 6 de febrero de este año, dicen haber aplicado 14 millones 297 mil 330 dosis de vacuna contra el sarampión a nivel nacional. Suena impresionante, ¿verdad?

Pero aquí viene lo bueno. En el mismo comunicado, casi como al pasar, sueltan otro dato. El gobierno federal compró 27.3 millones de vacunas en 2026. Y tienen 23.3 millones disponibles todavía.

Hagamos cuentas rápidas, que para eso estudié derecho. Compraron 27 millones. Aplicaron 14. Quedan 23 disponibles en bodega. La aritmética básica se resiente. ¿Dónde están las otras decenas de millones de dosis que faltan en esta ecuación? ¿En un limbo administrativo? ¿O es que la compra no fue tan ‘federal’ como la pintan?

“En este esfuerzo participa todo el Sector Salud bajo la conducción de la Secretaría de Salud”, explicó la Ssa.

Claro, un esfuerzo monumental donde meten a Defensa, Marina, IMSS, ISSSTE y hasta Pemex. Un despliegue que incluye Equipos de Respuesta Rápida y coordinación con la OPS. Toda la parafernalia institucional para una campaña que prioriza a niños desde los 6 meses y personas menores de 49 años sin esquema completo.

Pero la foto oficial siempre es perfecta: jornaleros agrícolas, personas migrantes, población con alta movilidad… todos en la lista. Lo que no está en la lista es una explicación clara sobre el destino final de cada una de las vacunas pagadas con dinero público.

La memoria es corta, pero los precedentes son largos. Cuando un informe oficial te da con una mano y te quita con la otra, siempre hay algo más detrás del telón. Hoy es el sarampión. Mañana será otra cosa. Y el ciclo se repite mientras las cuentas nunca terminan de cerrar.

Un intento de reescribir las reglas del juego

Los defensores de derechos de inmigrantes acaban de presentar una moción para tumbar una demanda republicana. ¿El objetivo? Prohibir que el Censo de 2030 cuente a personas sin autorización legal. La jugada viene de Missouri, liderada por su fiscal general Catherine Hanaway.

Los grupos activistas, con el respaldo legal de la ACLU, no se andan con rodeos. En su moción afirman claramente:

“La solicitud ilegal distorsionaría la representación de millones de estadounidenses y sacudiría los cimientos de nuestra democracia representativa”.

Por qué esto importa más allá del papel

Esto no es solo un debate técnico. Los números del censo determinan dos cosas cruciales: los fondos federales que recibe cada estado y su número de escaños en el Congreso. Es lo que se llama ‘distribución’.

La demanda de Missouri pide algo extraordinario: rehacer la distribución del censo 2020, pero excluyendo a quienes están sin permiso legal. Y quiere aplicar la misma lógica para 2030. No están solos en este empeño.

Cuatro fiscales generales republicanos más tienen una demanda similar pendiente en Luisiana. Y legisladores del mismo partido han presentado propuestas en el Congreso para lograr lo mismo. Parece una estrategia coordinada.

Aquí está el detalle que muchos pasan por alto: un experto republicano en redistribución escribió que usar solo población en edad de votar (en lugar del total) beneficiaría… sí, a republicanos y blancos no hispanos. Casualidad, ¿verdad?

Mientras tanto, la Constitución es bastante clara. La 14ª Enmienda habla del “número total de personas”. El Censo siempre ha interpretado eso como todas las personas, sin importar su estatus migratorio.

El timing tampoco es inocente. Esto llega cuando Trump presiona a estados republicanos para rediseñar distritos antes de las elecciones intermedias. En agosto ya instruyó al Departamento de Comercio para trabajar en un censo que excluya a inmigrantes sin estatus legal.

Pero los activistas tienen un precedente fresco a su favor: la semana pasada, un tribunal federal desestimó otra impugnación republicana contra los métodos del Censo 2020.

En el Senado, el secretario de Comercio Howard Lutnick admitió algo clave: la ciudadanía no es factor constitucional para la distribución. Sobre si habrá pregunta sobre ciudadanía en 2030, su respuesta fue evasiva:

“Cuál es el cuestionario, no lo sé, y no hemos decidido”.

La batalla está servida. No se trata solo de números en un formulario, sino de quién tiene voz y voto en este país.

El mensaje de emergencia que ya no llevará nombre propio

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) está borrando una firma bastante particular de nuestras pantallas. Esa que dice “Alerta Presidencial” cuando suena esa alarma estridente en el celular. Se acabó el branding presidencial en medio del caos.

Ahora quieren que el texto sea “percibido como instrumento de protección civil”. Traducción: que no parezca spot de campaña cuando hay un huracán o sismo. Porque, seamos honestos, ¿quién piensa en votos cuando se le cae el techo?

“Resulta necesario reflejar claramente el mensaje que se difunde a la población”

La consulta está abierta hasta el 16 de febrero. Pueden participar ciudadanos, especialistas y hasta las empresas telefónicas. Diez días para decidir cómo nos van a asustar de ahora en adelante.

Tres niveles de susto

Lo curioso es el detalle jurídico que motivó el cambio. Resulta que según los lineamientos actuales, quien realmente envía las alertas es la Coordinación Nacional de Protección Civil, no la Presidencia. Alguien en la CRT leyó la letra chiquita.

Los nuevos mensajes tendrán tres categorías:

• Alerta máxima
• Alerta extrema
• Alerta grave

Cada una con su texto específico. Porque no es lo mismo un chubasco que un terremoto, aunque ambos nos mojen.

Lo irónico es que llevamos años recibiendo estas alertas con sello presidencial cuando, técnicamente, nunca debió ser así. La memoria institucional parece tener lagunas selectivas. O tal vez alguien finalmente revisó el manual.

Mientras tanto, si tienes ideas sobre cómo debería sonar la alarma del próximo desastre natural, aún estás a tiempo. Solo recuerda: sin nombres propios, por favor.