Un giro inesperado en la justicia que nadie pidió, pero que todos sufrirán

En un movimiento que sin duda se hizo pensando en la tranquilidad de los ciudadanos (y no, por supuesto, en facilitarle la vida a la autoridad), nuestros brillantes legisladores han aprobado una reforma a la Ley de Amparo que ha dejado a la iniciativa privada más feliz que un perro en un concurso de gatos. Diferentes sectores empresariales, en un arrebato de alegría desbordada, han manifestado su profunda… preocupación y han encendido todas las alertas ante este regalito legislativo.

La Confederación Patronal de la República Mexicana, o Coparmex para los amigos, siempre tan sutil, aseguró que la ratificación de la ley, aprobada en la madrugada –porque nada bueno se discute a la luz del sol–, mantiene la adorable cláusula retroactiva. ¿Y qué hace esta cláusula? Pues algo maravilloso: amenaza los juicios en curso. Porque, ¿qué sería de un sistema legal sin un poquito de incertidumbre retroactiva para sazonar los procesos?

Las joyitas de la nueva legislación, según los patrones

El presidente de la Coparmex, el señor Juan José Sierra, con un optimismo contagioso, afirmó que la nueva normativa “mantiene restricciones que reducen el acceso a la justicia“. Vamos, que la hacen tan accesible como un yate en el desierto. También, con una generosidad sin límites, “limitan el control judicial sobre los actos de autoridad”. Porque claramente, lo que sobra en este país es un exceso de escrutinio sobre lo que hace el poder. Y, como guinda del pastel, “vulneran la seguridad jurídica“. Nada como un poco de vértigo legal para animar la jornada.

Consideró, con la fina ironía que caracteriza a estos comunicados, que “entre las disposiciones más delicadas, se restringe la suspensión del acto reclamado, incluso en materia fiscal”. Traducción: antes de que un juez pueda decir “esto huele raro”, una empresa podría disfrutar de experiencias emocionantes como embargos, cancelaciones de sellos digitales o el emocionante sorteo de “bloqueos de cuentas”. Una ruleta rusa financiera, pero sin el componente de suerte.

“En la práctica”, expuso el señor Sierra, probablemente conteniendo lágrimas de alegría, “se elimina la posibilidad de proteger a los contribuyentes frente a actos arbitrarios o desproporcionados”. Lo cual, sin duda, fomentará la liquidez y la continuidad operativa de miles de negocios. ¿Verdad? ¡Claro que sí! Nada incentiva más la inversión que saber que un funcionario de turno puede paralizar tu negocio con un chasquido de dedos.

El sublime funeral de los amparos colectivos

La Coparmex, siempre pensando en la economía, agregó otro punto brillante: al no poderse presentar un amparo colectivo, “se multiplican los costos legales“. Es una estrategia genial para reactivar el sector servicios jurídicos, que andaba un poco alicaído. Además, “se saturan los tribunales”, creando así más puestos de trabajo para jueces y secretarios. ¡Bravo por el estímulo económico!

Esto genera, nos explican con candor, “un sistema desigual donde las micro, pequeñas y medianas empresas, que son el corazón de la economía mexicana, quedan en desventaja”. Pero, oigan, ¿acaso no es romántico que las PYMES, el “corazón”, luchen por su supervivencia contra gigantes que sí pueden costear largos procesos? Es el ‘sálvese quien pueda’ hecho ley.

Para rematar la faena, la nueva y “más restrictiva” definición de “interés legítimo” “debilita la defensa de derechos colectivos“. O sea, que asociaciones, cámaras o colegios no podrán representar causas comunes. Porque, seamos sinceros, ¿quién necesita voces unidas cuando podemos tener un coro de quejas individuales y descoordinadas? Es el ‘divide y vencerás’ en su máxima expresión jurídica.

Y nos dejan esta perla de sabiduría: restringir el derecho al amparo “equivale a debilitar el equilibrio entre gobernantes y gobernados”. Vaya, ¿en serio? ¿Quién lo iba a decir? Suena casi como si… fuera la idea. Pero no, seguro que es una feliz coincidencia en este camino hacia una democracia más robusta y participativa.

Y el sector inmobiliario no se quiso perder la fiesta

Para que no se diga que no hay diversidad de opiniones (preocupadas), la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) también quiso manifestar su… ¿alegría? No, su preocupación. Les preocupa el “rápido avance del proceso legislativo”. Rápido, por supuesto, es un eufemismo para “no nos dejaron tiempo ni de parpadear”. Aunque, con magnanimidad, reconocen que se incorporaron “avances relevantes”, como la eliminación de la retroactividad en los juicios en curso. Un detalle sin importancia, uno supone.

No obstante, con un pesimismo exasperante, señalan que “aún subsisten disposiciones que podrían comprometer la certeza jurídica“. De nuevo con eso de la certeza. ¡Aburridos! La incertidumbre es la nueva certeza, señores. Adaptarse o morir.

El “propósito declarado de la reforma es agilizar la resolución de los procesos judiciales”, nos cuentan. Y, claro, todos sabemos que la forma más eficaz de agilizar algo es… eliminar los mecanismos para impugnar. Es como agilizar el tráfico prohibiendo los frenos. Eficacia pura.

“Las modificaciones que restringen la suspensión de actos reclamados podrían generar un clima de inseguridad jurídica“, se atreven a sugerir. Podrían. Como si fuera una hipótesis descabellada. Y añaden, con una lógica impecable, que esto debilita “la confianza en las instituciones”. ¿Confianza? ¿En serio? ¿Quién necesita confianza cuando se puede tener fe ciega?

Para el sector inmobiliario, nos recuerdan, la seguridad jurídica es clave. Clave para detonar proyectos de largo plazo. Pero, amigos, ¿no es más emocionante vivir al límite? La posibilidad de que los desarrolladores enfrenten actos arbitrarios sin mecanismos de defensa eficaces “incrementaría el riesgo regulatorio“. Y, como todos sabemos, el riesgo es la salsa de la vida… y el perfecto freno para nuevas inversiones. Pero, oye, menos edificios significan más cielos despejados. ¡Perspectiva!

Por lo tanto, la ADI, en un acto de osadía, hizo un “respetuoso llamado” a los senadores para que, en el proceso legislativo en curso, “prioricen la certeza jurídica, el acceso efectivo a la justicia y la protección de las garantías individuales”. Vamos, que les han pedido que reconsideren la esencia misma de la reforma. Un detalle sin importancia. Es como pedirle a un tiburón que se haga vegetariano. Un bonito gesto, sin duda.

En resumen, nos encontramos ante una reforma que, vista con los ojos adecuados (y quizás con unas gafas de sol muy oscuras), es un ejercicio magistral de… algo. Los empresarios, esos seres siempre tan desconfiados, ven nubes en el horizonte de la inversión y la estabilidad económica. Mientras, el tren legislativo avanza, rápido y silencioso, en la noche. ¿Llegaremos a un destino de prosperidad y justicia fortalecida? O, como temen algunos, ¿esto es simplemente el manual de instrucciones para construir un país donde cuestionar al poder sea un deporte de alto riesgo? El tiempo, ese juez implacable que aún no han logrado reformar, lo dirá.

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