La ironía sanitaria de Zapopan

Decenas de niños salieron este jueves a las calles de Zapopan con el rostro cubierto. No por el smog, sino por una orden oficial: cubrebocas obligatorio en escuelas ante un brote de sarampión. La medida llega justo cuando esta ciudad se alista para ser una de las sedes mexicanas del Mundial 2026.

La coincidencia es… digamos, interesante. Cuatro meses antes de que millones de aficionados lleguen para el Uruguay-España, las autoridades sanitarias se ven forzadas a extremar controles que no veíamos desde la pandemia.

“El uso obligatorio de cubrebocas en los centros educativos”, anunció la Secretaría de Salud de Jalisco.

El secretario Héctor Raúl Pérez Gómez justificó la medida ante el “incremento de casos escolarizados”. Lo curioso: nadie ofreció cifras concretas sobre esos contagios escolares. Solo sabemos que Jalisco concentra casi el 59% de los casos nacionales.

Memoria epidemiológica selectiva

Aquí viene lo bueno. Mientras en Guadalajara se juega la Serie del Caribe y se prepara el escenario mundialista, 15 escuelas entre Jalisco y Aguascalientes suspendieron clases por sarampión.

La OPS emitió alerta esta semana: 1,031 casos adicionales en tres semanas en las Américas. Una cifra 43 veces mayor que el año anterior. México lidera la región con 1,981 casos confirmados.

Y hay un detalle jurídico-político delicioso: Canadá ya perdió su estatus de “país libre de sarampión”. Estados Unidos y México podrían seguirle los pasos. Ambos gobiernos pidieron una prórrofa de dos meses para controlar el brote.

Ironía dentro de la ironía: la administración Trump se retiró de la OMS en enero, justo cuando más necesitamos coordinación sanitaria global.

El gobierno federal insiste en campañas de vacunación. Puntos en aeropuertos, estaciones… todo menos reconocer que algo falló en la vigilancia epidemiológica básica.

Zapopan será noticia mundial en junio. Por el fútbol, sí. Pero hoy lo es por niños con cubrebocas caminando hacia escuelas donde, teóricamente, las vacunas deberían haber sido suficientes.

La pregunta del millón: ¿quién pagó el maquillaje?

Lilly Téllez, la senadora panista que parece tener un detector de tonterías institucionales, acaba de soltar una bomba. No es un misil, es una carta. Pero con 21 preguntas tan afiladas que cortan cualquier intento de evasión.

Dirigida a la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, la misiva exige cuentas claras sobre ese saloncito de belleza que operaba dentro de la Torre de Comisiones. Un lugar donde, al parecer, se priorizaba el peinado perfecto sobre el trabajo legislativo.

“Resulta jurídicamente inaceptable cualquier opacidad… en la asignación de espacios con fines ajenos a la función legislativa”, advierte Téllez en su escrito.

Y aquí viene lo bueno. La senadora no pide explicaciones a medias. Va directo al hueso con preguntas que son un manual básico para detectar irregularidades.

Las 21 preguntas incómodas

¿Quién autorizó esto? ¿Con qué dinero? ¿Hubo contrato? ¿Se pagó renta? Las preguntas son tan específicas que duelen. Pide copia del oficio, del acuerdo, del contrato. Exige el RFC del negocio y las facturas.

Pero hay una que resuena con especial cinismo: ¿cómo se justifica un salón de belleza cuando faltan espacios para asesores y comisiones?

Otra joya: menciona compras documentadas a una comercializadora por casi 200 mil pesos en maquillaje y cepillos. ¿De qué bolsa salió ese dinero? ¿Del erario? La pregunta flota en el aire, esperando una respuesta que probablemente nunca llegue.

Y luego está el tema del acceso. ¿Era exclusivo para morena? Téllez pide que se haga pública la lista completa de usuarios, con nombre, cargo y servicio recibido. Algo me dice que esa lista será más esquiva que un compromiso político en año electoral.

La defensa misógina y los boleros fantasma

Mientras Téllez juega al fiscal, otra senadora, Beatriz Mojica de Morena, saca la carta de la misoginia. Su argumento: aquí hay boleros desde hace 50 años y a nadie le molesta.

“Me parece un tema sumamente misógino… a nadie le ha llamado la atención que los boleros limpian los zapatos de los hombres”, declaró Mojica.

La comparación es curiosa. Por un lado, un servicio informal y visible (los boleros) frente a un local comercial instalado con insumos de lujo pagados… quizás con dinero público. No es lo mismo, señora senadora.

Además, los boleros cobran 35 pesos por servicio directamente al cliente. No hay evidencias (por ahora) de que el Senado les compre las betunes o les pague el sueldo.

El timing perfecto y la amnesia selectiva

Lo más revelador es la pregunta 15. Castillo había dicho que el salón “no era nada fuera de lo normal” y que todos “tenemos que estar bien presentados”. Pero tras el escándalo mediático… ¡clausura! ¿Qué cambió? ¿La ética o las cámaras?

Téllez también pregunta si este local había sido clausurado antes y luego reabierto. Porque en este país la memoria histórica brilla por su ausencia, especialmente cuando conviene.

Al final, el mensaje es claro:

• Transparencia total o nada
• Las respuestas genéricas no serán aceptadas
• Esto huele a privilegio disfrazado de necesidad estética

Mientras millones lidian con la economía, algunos en el Senado parecen preocupados por tener las cejas perfectamente depiladas. La ironía duele más que una pinza.

El escándalo que sacude la cuna del tequila

La política en el pueblo mágico se volvió amarga. Diego Rivera, el presidente municipal de Tequila, está en la mira por una acusación grave: extorsión. La empresa que lo denunció no es cualquiera, es Tequila Cuervo, un gigante con raíces profundas en la región.

Todo empezó con una clausura. El pasado 6 de diciembre, el municipio cerró la Fábrica 1800. El argumento oficial: operaba sin licencia y tenía adeudos millonarios en impuestos prediales.

“La autoridad municipal pretendía cobrar 60 millones de pesos de predial, a lo cual se negaron”, informó en su momento la tequilera.

Pero aquí es donde el guion da un giro. Después de una reunión con mediación estatal donde supuestamente se llegó a acuerdos, Cuervo presentó la denuncia formal. No fue un simple reclamo administrativo, sino una acusación penal ante la Fiscalía de Jalisco.

Un patrón preocupante

Lo más alarmante es que no son los únicos. Otras empresas de la región han presentado quejas similares contra las autoridades municipales. Esto ya no parece un caso aislado, sino un modus operandi.

Mi padre siempre decía que cuando el río suena, piedras lleva. En Tequila, el ruido es ensordecedor. Un alcalde enfrentando a una industria que define la identidad de su pueblo no es poca cosa. Las calles empedradas y los campos de agave ahora son testigos de un drama donde todos pierden: la imagen del pueblo, la confianza empresarial y, sobre todo, el estado de derecho.

Detrás del humo del conflicto fiscal podría haber fuego político. ¿Es esto una lucha legítima por cumplir la ley o hay algo más oscuro? Las denuncias sobre la mesa sugieren que algunos ven más coacción que cobranza.

Mientras tanto, en las cantinas del centro histórico, el tema se discute junto con el tequila. Porque en este pueblo, la política y el negocio familiar están tan mezclados como el agave y el agua en los alambiques.