Iniciativa legislativa para proteger las remesas de migrantes
La Cámara de Diputados de México ha solicitado formalmente una reunión urgente con el Congreso de Estados Unidos para abordar la polémica iniciativa que propone gravar con un 5% las remesas enviadas por migrantes. Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro, confirmó el envío de una carta a James Michael Johnson, líder de la Cámara de Representantes estadounidense, con el objetivo de establecer un diálogo bilateral antes de la votación prevista para el 23 de mayo.
Impacto económico y social de la medida
El documento enviado advierte que este gravamen afectaría directamente a millones de familias que dependen de estos recursos, además de debilitar la cooperación económica entre ambos países. Según análisis preliminares, la medida podría reducir hasta en un 15% el flujo de divisas que ingresan a México, actualmente estimado en más de 60 mil millones de dólares anuales.
Gutiérrez Luna destacó que la agenda propuesta incluye otros temas críticos como:
- El tráfico ilegal de armas hacia territorio mexicano
- Políticas migratorias binacionales
- Mecanismos para fortalecer el desarrollo económico regional
Estrategia legislativa y plazos urgentes
El grupo plural de legisladores mexicanos, conformado por representantes de ambas cámaras, busca concretar la visita en menos de 10 días. Adán Augusto López, coordinador de Morena en el Senado, enfatizó la necesidad de actuar con celeridad parlamentaria ante lo que calificó como “una medida discriminatoria que penaliza a los trabajadores migrantes”.
Expertos en relaciones internacionales consultados señalan que este impuesto violaría los acuerdos comerciales vigentes y podría generar tensiones diplomáticas. Destacan que las remesas representan el 4.2% del PIB mexicano y son vitales para la economía de 8 de cada 10 hogares en zonas rurales.
Contexto político y próximos pasos
La propuesta fiscal, impulsada por republicanos, avanzó rápidamente en comisiones del Congreso estadounidense. Ante esto, la Comisión Permanente del Congreso mexicano activó protocolos de acción legislativa internacional, mecanismo poco utilizado que demuestra la prioridad del tema.
El llamado a la cooperación bilateral se enmarca en el Tratado México-EU-Canadá (T-MEC), cuyos artículos 23.5 y 24.8 podrían aplicarse para cuestionar la constitucionalidad del impuesto. Analistas sugieren que, de no alcanzarse un acuerdo, México podría recurrir a mecanismos de solución de controversias ante la Organización Mundial del Comercio.
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