Colapsa puente peatonal en playa de Manzanillo; dos heridos

Acusaciones de persecución política

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, aseguró que Ernesto Ruffo Appel es víctima de una persecución política por parte del gobierno federal. En un comunicado, el dirigente panista señaló que el ingreso del exgobernador de Baja California a un penal de máxima seguridad responde a un uso político de las instituciones de justicia.

Romero Herrera afirmó que no existen pruebas suficientes para sostener las acusaciones contra Ruffo Appel por una presunta red de evasión fiscal. El panista sostuvo que el gobierno ha optado por perseguir a opositores mientras ignora señalamientos contra figuras de Morena.

Comparación con casos de Morena

El líder del PAN mencionó a políticos morenistas como Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza, Américo Villarreal y Marina del Pilar Ávila. Dijo que ellos han enfrentado cuestionamientos sobre posibles vínculos con el crimen organizado sin que las autoridades actúen con la misma rapidez.

Romero Herrera insistió en que la ley debe aplicarse sin distinciones. Subrayó que cualquier persona que cometa un delito debe responder ante la justicia, pero exigió que no se utilice el sistema penal como herramienta de persecución política.

Riesgo para el patrimonio de los trabajadores

Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, advirtió que el aumento en la cartera vencida de créditos hipotecarios y de consumo, junto con el incremento de retiros de Afores por desempleo, pone en riesgo el patrimonio y las futuras pensiones de millones de mexicanos.

Durante el programa “Con Peras, Manzanas y Naranjas”, Moreira señaló:

La falta de empleo ha obligado a muchas familias a dejar de pagar sus créditos bancarios y recurrir a sus ahorros para el retiro para cubrir necesidades básicas como alimentación y medicamentos.

El legislador criticó que no exista suficiente información sobre las consecuencias de retirar recursos de las Afores, ya que esto reduce el ahorro acumulado para la jubilación.

También alertó sobre el crecimiento de préstamos otorgados por fintech y bancos digitales, algunos de los cuales pueden manejar altos costos financieros y representar riesgos para los usuarios.

Mario Di Costanzo, especialista, informó que entre enero y junio de este año más de un millón de trabajadores realizaron retiros parciales de sus Afores por desempleo. Añadió que la cartera vencida del Infonavit alcanzó 410 mil millones de pesos durante el primer trimestre de 2026, mientras que los créditos hipotecarios y de consumo con atraso superan los 110 mil millones de pesos.

Miguel Ángel Sulub, por su parte, explicó que los retiros anticipados de las Afores no solo afectan el monto disponible para la jubilación, sino también las semanas de cotización necesarias para obtener una pensión.

El debate sobre el final de la vida retoma fuerza en México. Una marcha nacional exigirá cambios legales para permitir la muerte médicamente asistida en casos de enfermedades terminales o condiciones irreversibles que afecten gravemente la calidad de vida.

La lucha de Samara Martínez

Samara Alejandra Martínez Montaño, paciente con insuficiencia renal crónica terminal y lupus eritematoso sistémico, encabeza la convocatoria. Ha enfrentado años de tratamientos: dos trasplantes renales fallidos, cirugías, hemodiálisis, diálisis peritoneal, quimioterapias y uso constante de esteroides. Su petición ciudadana, parte del proyecto Ley Trasciende, ha reunido más de 170 mil firmas de apoyo.

Ley Trasciende y la movilización

La marcha se realizará el 28 de agosto a las 9:00 horas, desde el Palacio de Bellas Artes hacia Palacio Nacional. Está dirigida a pacientes con enfermedades crónicas, familiares, cuidadores, académicos y cualquier persona que respalde el derecho a decidir sobre el final de la vida.

Martínez Montaño busca visibilizar su situación y generar un cambio legislativo. Su objetivo es que otros pacientes en condiciones similares tengan la opción de una muerte digna. La movilización representa una oportunidad para que la sociedad respalde la Ley Trasciende.