La judicialización de la censura: un patrón en ascenso
La organización internacional Article 19 ha emitido una alerta contundente: el hostigamiento judicial contra comunicadores y medios de comunicación en México ha experimentado un incremento alarmante, registrando un número sin precedentes en los primeros siete meses del año. Según el informe titulado “Las leyes como mecanismo de censura: aumento del acoso judicial contra periodistas en México”, presentado este martes, se han documentado 51 casos entre enero y julio de 2025. Esta cifra supera el máximo histórico de 40 acciones legales registradas en todo 2021, lo que evidencia una escalada crítica y un cambio perturbador en las tácticas de agresión hacia la prensa.
Este fenómeno representa una sofisticación de la represión, donde la violencia ya no se manifiesta únicamente mediante agresiones físicas o intimidación directa, sino que se traslada estratégicamente a los tribunales. El objetivo es claro: utilizar el peso del sistema legal para silenciar, amedrentar y censurar el trabajo periodístico, agotando financiera y emocionalmente a los profesionales y sus redacciones. Este patrón refleja un uso faccioso del marco jurídico mexicano, poniendo en grave riesgo los pilares democráticos de la libertad de expresión y el derecho a la información de la sociedad.
El perfil de las agresiones y la instrumentalización de figuras legales
El análisis pormenorizado de los datos revela que, en total, 39 periodistas (28 hombres y 11 mujeres) y 12 medios de comunicación han sido notificados de procesos legales en su contra. Estadísticamente, esto equivale a la apertura de un nuevo proceso judicial o administrativo cada cuatro días, un ritmo frenético que sofoca la labor informativa. La organización expresó una preocupación particular por las declaraciones de actores políticos y figuras públicas que anticipan que el nuevo Poder Judicial actuará con mayor punitividad contra la prensa, creando un clima de anticipación y temor.
Uno de los hallazgos más inquietantes del reporte es la instrumentalización indebida de la figura de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPEG). Diseñada como un mecanismo de protección, esta herramienta legal está siendo desvirtuada para atacar no sólo a periodistas, sino también a ciudadanos que ejercen su derecho a la crítica. De las 51 acciones judiciales iniciadas, 25 corresponden a supuestos casos de VPEG. El informe critica la laxitud con la que órganos electorales y tribunales han admitido estos recursos, a pesar de su evidente uso como mecanismo de censura que vacía de contenido su propósito original y perjudica a las verdaderas víctimas.
Implicaciones para la democracia y el estado de derecho
La estrategia de judicializar la censura tiene un efecto paralizante que trasciende a las víctimas directas. Genera un efecto amedrentador o “chilling effect” que promueve la autocensura dentro de las salas de redacción, limitando el escrutinio público y el debate robusto necesarios para una democracia saludable. Cuando los periodistas deben dedicar recursos limitados a su defensa legal en lugar de a la investigación, toda la sociedad se ve privada de información crucial.
Este panorama obliga a una reflexión profunda sobre la independencia judicial y la imperiosa necesidad de que los operadores de justicia distingan entre litigios legítimos y aquellos que son meras herramientas de hostigamiento. La protección de las y los periodistas requiere que jueces y magistrados apliquen el filtro de la proporcionalidad y el análisis del contexto, reconociendo las demandas estratégicas contra la expresión pública (conocidas como SLAPPs por sus siglas en inglés). La integridad del sistema judicial mexicano está en juego, así como su capacidad para funcionar como un garante de derechos y no como un instrumento de opresión.
La comunidad internacional observa con preocupación esta tendencia, que sitúa a México como uno de los entornos más peligrosos para ejercer el periodismo, no solo por la violencia física, sino ahora también por la lawfare o guerra judicial. Urge una respuesta coordinada que involucre a la sociedad civil, organismos autónomos de derechos humanos y a la propia judicatura para establecer protocolos que blinden la libertad de prensa contra este tipo de ataques sofisticados y perniciosos.
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