Un examen exhaustivo de la asignación de recursos federales

De acuerdo con un minucioso análisis del Centro de Investigación en Política Pública del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el gasto público educativo para el ejercicio fiscal 2026 presenta un panorama complejo y multifacético. Si bien se proyecta un crecimiento en la partida destinada a becas para educación superior, la asignación global evidencia desigualdades significativas entre los distintos niveles formativos. La investigación, caracterizada por su rigor metodológico, establece que el próximo año se destinarán aproximadamente 1.2 billones de pesos para financiar el sistema educativo nacional, abarcando desde la formación inicial en preescolar hasta los estudios de posgrado y el desarrollo tecnológico e investigativo en las instituciones de educación superior.

El estudio del IMCO, una institución reconocida por sus evaluaciones técnicas, contextualiza esta cifra al señalar que equivale al 12.2% del presupuesto federal total y a un 4% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Esta última proporción es particularmente reveladora, ya que se sitúa por debajo del promedio que los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) destinan a este rubro fundamental para el desarrollo. Esta comparativa internacional subraya una brecha de inversión que puede tener implicaciones a largo plazo para la competitividad nacional y la capacidad innovadora del país.

La crítica situación de la educación superior

El análisis estructural de los datos desagregados arroja un hallazgo contundente: para el año 2026, la educación universitaria y de posgrado alcanzará su nivel de financiamiento más bajo desde el año 2000. Se tiene previsto otorgar 181 mil millones de pesos, una cifra que representa apenas el 0.6% del PIB. En términos reales, ajustados por inflación, esto se traduce en una reducción del 4% en comparación con el presupuesto asignado para 2025. Esta contracción no es un evento aislado, sino la continuación de una tendencia decreciente que ha sido especialmente pronunciada en la última década.

La investigación profundiza en los antecedentes históricos para ofrecer perspectiva. El gasto en educación superior acumula una caída real del 40% desde 2015, el año en que alcanzó su máximo histórico en el siglo actual. El presupuesto de aquel año fue 1.6 veces mayor al actualmente previsto para 2026. Incluso con el aumento general en el gasto educativo, el monto total presupuestado para 2026 continúa siendo un 7% menor que el máximo histórico de 2015. El aparente incremento en la partida de becas, impulsado por la universalización de la Beca Rita Cetina, enmascara una reducción sustancial en el financiamiento operativo y de capital para las instituciones. Esta redistribución interna de recursos tiene consecuencias directas en la calidad educativa y la infraestructura universitaria.

El impacto de estos recortes se materializa de manera concreta en algunas de las instituciones de educación superior más emblemáticas del país. El análisis del IMCO identifica recortes presupuestales específicos a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que sufrirá una disminución del 3%, y al Instituto Politécnico Nacional (IPN), con una reducción del 2%. Estas decisiones afectan directamente su capacidad para mantener laboratorios, bibliotecas, programas de investigación y la planta docente, elementos esenciales para una educación de calidad.

Distribución del gasto y sus implicaciones estratégicas

Frente a este escenario para la educación superior, la distribución general del presupuesto educativo revela una priorización clara. El 61% del total se destinará a educación básica, lo que representa un incremento del 7.3% para este nivel fundamental. La educación media superior recibirá el 12% de los recursos, mientras que a la educación superior le corresponderá el 15%. Si bien el fortalecimiento de la base del sistema educativo es loable, la progresiva desatención del nivel superior genera un cuello de botella en el desarrollo del capital humano avanzado necesario para impulsar la economía del conocimiento. La sostenibilidad del sistema educativo requiere un equilibrio estratégico donde la fortaleza de la base se complemente con una educación terciaria robusta que permita la movilidad social y la generación de innovación.

Comparte este análisis riguroso en tus redes sociales para fomentar una conversación informada sobre el futuro de la educación en nuestro país y explora más contenido relacionado con políticas públicas en nuestro sitio.