Centralización de amparos en transparencia y protección de datos
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha designado a los juzgados y tribunales del estado de Aguascalientes como responsables de resolver todos los recursos de amparo relacionados con transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Esta decisión se enmarca en el cumplimiento de la nueva Ley General de Transparencia, promulgada el pasado 20 de marzo, la cual otorgó al CJF un plazo de 120 días para establecer órganos jurisdiccionales especializados en esta materia. Hasta ahora, estos casos eran atendidos por jueces distribuidos en todo el territorio nacional, con una mayor concentración en la Ciudad de México.
Implicaciones prácticas para los ciudadanos
Aunque los amparos pueden presentarse de manera digital, cualquier trámite que requiera interacción presencial con secretarios, jueces o magistrados obligará a los demandantes a trasladarse a Aguascalientes desde cualquier otro punto del país. Esta medida podría representar un obstáculo para ciudadanos con recursos limitados, desincentivando así el litigio contra denegatorias de información gubernamental. Además, la reforma estableció un periodo de congelamiento de seis meses para los 469 juicios en trámite contra resoluciones del extinto Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), los cuales ahora deberán ser redirigidos a los siete juzgados de Distrito y dos tribunales Colegiados del Trigésimo Circuito.
Estos órganos también conocerán de los amparos interpuestos contra Transparencia para el Pueblo, la dependencia de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAGB) que asumió las funciones del INAI en lo relativo a las instituciones del Poder Ejecutivo federal. Asimismo, resolverán controversias relacionadas con decisiones de las autoridades garantes de los Poderes Legislativo, Judicial y órganos autónomos, retomando el esquema vigente entre 2003 y 2016, donde cada entidad contaba con su propio mecanismo de revisión en materia de acceso a la información.
Justificación y controversia interna
El CJF fundamentó la decisión en un análisis de carga de trabajo a nivel nacional, realizado por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos con apoyo de la Dirección General de Gestión Judicial. En su Acuerdo, publicado este 30 de junio pero aprobado desde el 11 del mismo mes, se señala que Aguascalientes cuenta con la capacidad operativa necesaria para asumir esta responsabilidad. Sin embargo, la medida no estuvo exenta de discrepancias: la consejera Verónica de Gyvés registró su voto en contra, aunque no se detallaron los motivos de su oposición.
Este cambio representa un giro significativo en la gestión de los conflictos legales vinculados a la transparencia, concentrando en una sola entidad federativa procesos que antes se distribuían en múltiples jurisdicciones. Expertos en derecho administrativo advierten que, si bien la especialización podría agilizar las resoluciones, la centralización física podría generar barreras de acceso a la justicia para sectores vulnerables.
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