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CIUDAD DE MÉXICO.- La estrategia de militarización de la seguridad pública en México suma 16 años de fracasos, advirtió Human Rights Watch (HRW).
En la presentación regional del Informe Mundial 2023 de la organización internacional, Tamara Taraciuk, directora en funciones para las Américas, indicó que mientras la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha profundizado las estrategias fallidas de sus predecesores, el País registra índices de violencia exorbitantes.
“El índice de homicidios en 2021 era de 28 por cada 100 mil habitantes y, cuando empezó la guerra contra los cárteles, era de 8”, apuntó.
Tyler Mattiace, investigador de las División de las Américas, remarcó que durante el ya largo periodo de militarización de la seguridad pública se ha registrado un incremento de la delincuencia violenta y, en particular, de los homicidios.
Y esta estrategia, alertó, está teniendo fuertes impactos en materia de derechos humanos.
“Hemos visto que los abusos graves cometidos por militares continúan y una falta de rendición de cuentas sobre estos abusos”, señaló.
Las Fuerzas Armadas, reprochó Mattiace, se han esforzado en evitar que se investiguen los hechos y se procese a los responsables.
Prevalece además, advirtió, la falta de transparencia sobre la actuación de militares en tareas de seguridad pública.
“Desde el inicio de la guerra contra los cárteles, indicó, hay más de 5 mil civiles muertos en algún enfrentamiento con las Fuerzas Armadas y no se sabe realmente en qué contexto”, expuso el investigador.
En tanto, agregó, las quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional han aumentado, aunque la actual Administración sostenga lo contrario. En 2021, detalló, sumaron 940, el número más alto en 8 años.
El Informe de HRW señala que desde el inicio de la “guerra” contra el crimen organizado en 2006, la violencia ha registrado un drástico incremento en el País y ha alcanzado niveles históricos durante el Gobierno de López Obrador.
Las autoridades, indicó la organización, atribuyen esta violencia a los cárteles delictivos, mientras la mayoría de los delitos no se investigan ni se enjuicia a los responsables.
“Desde 2007, los sucesivos presidentes han movilizado a las fuerzas militares dentro del País para combatir el crimen organizado y llevar a cabo tareas de seguridad pública”, indica.
“Soldados, policías y agentes del Ministerio Público han cometido graves violaciones de derechos humanos en forma generalizada, que incluyen torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, con impunidad casi absoluta. Las iniciativas orientadas a reformar a la Policía y las fiscalías han sido ineficaces”.
Advierte que cerca del 90 por ciento de los delitos nunca se denuncian, una tercera parte de los delitos denunciados nunca se investigan y menos del 16 por ciento de las investigaciones se resuelven.
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