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CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá mañana un proyecto que avala la reforma para que partidos políticos puedan renunciar a su financiamiento público y destinarlo a gastos por catástrofes naturales o fenómenos que pongan en riesgo a la sociedad.
La Ministra Loretta Ortiz propuso al Pleno rechazar argumentos de cinco partidos que impugnaron la reforma impulsada por Morena publicada el pasado 27 de febrero.
El actual partido gobernante ha solicitado durante años, renunciar al financiamiento público para destinarlo, por ejemplo, al sector salud, lo que los órganos electorales han rechazado o han aceptado, pero con candado.
Por ser el partido mayoritario, Morena recibe mucho más dinero. En 2022, tiene asignado mil 716 millones de pesos del Instituto Nacional Electoral (INE) para actividades ordinarias, 67 por ciento más que el PAN, que es el segundo lugar.
Las dirigencias nacionales del PRI, PAN, PRD, PVEM y PT promovieron ante la SCJN acciones de inconstitucionalidad, alegando que no hay sustento en la Carta Magna para que los partidos puedan destinar a otros fines el financiamiento que reciben del INE y órganos electorales estatales.
Las acciones alegan que la reforma fue indebidamente publicada dentro del periodo de 90 días previo a la consulta de revocación de mandato, que es similar a un proceso electoral y, por tanto, aplicaría la veda para reformas legales que prevé el Artículo 105 de la Constitución.
Según los partidos, no hay fundamento constitucional para dirigir recursos de su financiamiento a estos propósitos.
El Artículo 41 de la Carta Magna, sin embargo, sólo establece las fórmulas para calcular el financiamiento y ordena que prevalezca el público sobre el privado, pero deja a las leyes secundarias otros detalles de reglamentación.
La Corte también analizará si el Congreso se excedió al ordenar que los recursos sean devueltos a la Tesorería de la Federación, incluso tratándose de financiamiento público estatal.
Se alega además que la reforma afecta las facultades de fiscalización del INE, así como el ciclo presupuestario del cálculo, entrega, erogación y rendición de cuentas a que está vinculado el órgano electoral como ejecutor del gasto público.
La Ministra Ortiz propuso rechazar todos estos argumentos y avalar la reforma, y se requiere el voto de ocho Ministros para invalidar cualquier aspecto impugnado.
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