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CIUDAD DE MÉXICO.- México enfrenta una crisis hídrica y carece de un andamiaje institucional adecuado para hacerle frente, advierte un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Al 15 de enero de 2024, alerta, un total de mil 613 municipios del país registraban sequía severa, extrema o excepcional.
“La disponibilidad promedio de agua por persona en México ha disminuido de forma constante en las últimas décadas, producto del crecimiento demográfico, la mala gestión y el crecimiento en la producción agropecuaria, entre otros factores”, señala.
En 1960, detalla, la disponibilidad ascendía a 10 mil metros cúbicos por persona, mientras que para el año 2000 se había reducido a 4 mil y, actualmente, se encuentra en 3 mil 200.
De continuar la tendencia, agrega, se estima que para 2030 se ubique por debajo de los 3 mil metros cuadrados, a medida que aumenta la población, las sequías y la sobreexplotación.
En tanto, indica, la toma de decisiones en el sector hídrico se encuentra fragmentada entre actores públicos —en los tres niveles de gobierno— y privados con diferentes intereses y responsabilidades.
“Actualmente existen 2 mil 826 organismos operadores de agua —las autoridades municipales a cargo de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales— a nivel nacional”, apunta.
Además, señala, la infraestructura hídrica, desde las presas hasta las tuberías y el alcantarillado, es obsoleta y presenta deficiencias.
El Imco llamó al Congreso a dictaminar y aprobar la nueva Ley General de Aguas, que debió haber sido expedida 360 días después de la promulgación de la reforma al artículo 4 de la Constitución, en febrero de 2012, que estableció el derecho al acceso al agua.
“Una ventana de oportunidad está en el Congreso de la Unión, el cual tiene pendiente dictaminar y aprobar la nueva Ley General de Aguas. En febrero de 2012 se elevaron a rango constitucional los derechos humanos al acceso al agua y saneamiento mediante la reforma del párrafo sexto del artículo 4°. Después de su publicación en el Diario Oficial, se concedió un plazo de 360 días para la expedición de una nueva ley”, refirió.
Urgió a que, de cara a la elección presidencial de junio, las plataformas políticas aborden con seriedad la problemática del agua.
Y planteó garantizar que el Presupuesto de Egresos de la Federación asigne recursos suficientes a la Conagua; ajustar los volúmenes abiertos a concesionar para extracción de agua a la disponibilidad anual ambientalmente sostenible; hacer obligatoria la medición del consumo, incluyendo el del sector agropecuario, y promover un mayor volumen de tratamiento de aguas residuales.
Además, garantizar recursos a municipios para la correcta operación de los sistemas de aguas municipales.
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