“Dime cuántos impuestos te cobran (y cómo se gastan)… y te diré qué derechos tienes”, de esta forma se han resumido las ideas de Cass R. Sunstein y Stephen Holmes, dos profesores de las universidades de Harvard y Nueva York, respectivamente, que en el año de 1999 publicaron “El costo de los derechos”, en el que pusieron como eje de nuestras libertades la cantidad de recursos que destina el gobierno para garantizarlas. De eso quiero hablarte hoy.
No sé si lo hayas pensado, pero parece que gran parte de las contiendas electorales en el planeta, se han visto centradas en ofrecer a la población un ejercicio cada vez mayor del gasto público ofreciendo, a la par, reducir el pago de impuestos, lo que ocasiona entrar en el conflicto de “hacer más, con menos”. Pareciera no tomarse en cuenta que todos nuestros derechos dependen de los impuestos que recauda el Estado sin detenerse a pensar que es casi imposible pedirle al gobierno que haga algo, si al mismo tiempo no se cubren los gastos públicos.
Derechos como la libertad de tránsito, los relacionados con los servicios de justicia, de seguridad pública o el voto son algunos de los más valorados y reclamados, pero también de los que más cuestan. También podría decirse que hay algunos, tales como los relacionados con la libertad religiosa, libertad de expresión, derechos sexuales o los vinculados con el libre desarrollo de la personalidad, en los que basta que el gobierno no intervenga para que, por sí mismos, se vean protegidos, pero no es así. Basta imaginar que sin la existencia de tribunales funcionando y una seguridad pública medianamente efectiva, ningún derecho se vuelve efectiva y prácticamente justiciable.
Esto quiere decir, aunque no nos guste, que hay derechos más caros que otros sin que ello signifique que, como ciudadanos, no tengamos la posibilidad de reclamar al gobierno su justiciabilidad (es decir, que ante un problema podamos acudir a un tribunal). Sin embargo, ningún derecho previsto en la Constitución o la ley es inofensivo, todos tienen dientes. Cualquier persona tiene derecho a reclamar su observancia, protección y cumplimiento; al mismo tiempo, esos cuerpos normativos, con el paso del tiempo, se van llenando cada vez más de nuevos derechos.
Por ejemplo, en el texto de la Constitución de 1917, no se previeron derechos ambientales, a la información, a la movilidad, la seguridad vial, o de democracia participativa; lo que lleva a que, en las más de 707 ocasiones en las que ha sido reformada, en esa misma proporción se haya tenido que destinar dinero público para tratar de hacer efectivos, en mayor o menor medida, todo lo que allí se quiso decir. Con lo anterior, debemos tener claro, que cada vez que el legislador ejerce una acción positiva dentro de nuestras leyes genera un impacto negativo en los presupuestos de egresos.
Para ponerte en contexto: el derecho a la pensión universal, incorporado en nuestra Constitución apenas en 2021, ocasiona que 1 de cada 5 pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación se destine a esos efectos, ello sin contar que, en gran parte del territorio nacional, existen duplicidades pues en 18 estados se destinan cantidades de sus presupuestos a programas similares. Pero hay otros más caros, sobre todo, los relacionados con la denominada “democracia participativa”. Por ejemplo, la llamada “consulta para enjuiciar a expresidentes de 2021” tuvo un costo de 500 millones de pesos y el próximo ejercicio de revocación de mandato tendrá un costo aproximado de 3 mil millones de pesos, sin tomar en consideración el costo del servicio legislativo, es decir, lo que hubo que pagarles a las y los legisladores que aprobaron la incorporación de esos nuevos derechos en la Constitución.
Pero más allá de esos ejemplos, hay otros casos también visibles, que también ejercen presión sobre las finanzas públicas. Me referiré al caso del derecho a la libertad de expresión. Todo indicaría que ese derecho no cuesta, pues nuestra Ley Fundamental establece que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa y que al quedar garantizado que el gobierno no intervendrá de forma negativa, con eso queda resuelto el problema.
Pero ¿qué sucede cuando no es el estado el que vulnera esa dimensión colectiva entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información, sino que el daño proviene de terceras personas? Allí el Estado tiene que intervenir de diversas formas, pero cualquiera que sea esta deberá destinar recursos para garantizar la protección de los difusores de información, es decir, de los periodistas y comunicadores.
En México se destinaron en 2022, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, 380 millones de pesos para un programa denominado “Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas” cantidad que, a decir de especialistas, es insuficiente para cumplir sus fines en virtud que, según cifras presentadas recientemente por la ONG Reporteros Sin Fronteras en el informe “Bajo riesgo”, México es el país sin conflicto armado más peligroso para la prensa en todo el mundo. Recogió cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, en 2010, publicó su Informe Especial sobre Libertad de Expresión en México, cuando el país ya era identificado como el más peligroso del continente para el ejercicio del periodismo. Sin embargo, ¿el problema se resolvería destinando más dinero público? La respuesta fundamental es que sí, no obstante, al destinar más recursos para garantizar esa libertad y por supuesto la vida, en alguna otra esfera, otro fenómeno dejará de atenderse. Cómo ves, no es un conflicto que desde la dimensión de las finanzas públicas ofrezca fácil solución, sin embargo, todo se reduce a que nuestra libertad, depende de los impuestos.
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