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CIUDAD DE MÉXICO.- El Ministro Javier Laynez suspendió ayer en su totalidad la extinción de fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), que suman 15 mil 800 millones de pesos, al admitir a trámite acciones de inconstitucionalidad promovidas por senadores y diputados de oposición a la medida impulsada por la 4T.
Una vez admitidas las acciones, iniciará el trámite de juicios en los cuales el Pleno de la Corte podría invalidar la reforma de octubre pasado a la Ley Orgánica del PJF que ordena concentrar en la Tesorería de la Federación fondos acumulados por décadas, incluidos los que financian pensiones complementarias para jueces y magistrados.
Para invalidar la reforma, será necesario el voto de al menos ocho de los 11 Ministros.
La suspensión concedida por Laynez -que el Congreso y el Ejecutivo impugnarán ante una Sala de la Corte- es altamente inusual, pues en teoría los Ministros instructores no pueden frenar la vigencia de leyes impugnadas en este tipo de acciones.
El precedente similar es la suspensión que el Ministro Alberto Pérez Dayán concedió a finales de 2018 para evitar ciertos efectos de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que había aprobado en el Congreso la recién llegada mayoría de Morena.
La orden de Laynez se suma a por lo menos 17 suspensiones dictadas por jueces federales que tramitan amparos promovidos por personal, asociaciones y sindicatos judiciales, de las cuales al menos cinco ya son suspensiones definitivas, mientras que el resto son provisionales, aunque algunas no incluyen los fideicomisos de la Corte, sino sólo los del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Dichas suspensiones estarán vigentes durante todo el tiempo que tome el trámite de los amparos, que alegan violaciones a derechos constitucionales de independencia judicial, acceso a la justicia -pues se extinguen fideicomisos para infraestructura-, y no aplicación retroactiva de las leyes.
Todas estas suspensiones impiden, por ahora, que la Ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, negocie con el Ejecutivo el uso de parte del dinero de los fideicomisos para apoyar a ciudades de Guerrero devastadas por el paso del huracán “Otis”.
La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal ya ha solicitado a la Corte que atraiga los recursos de queja y de revisión que ha interpuesto para impugnar las admisiones de estos amparos, así como las suspensiones definitivas.
Pero el proceso de atracción no es automático. Las salas de la Corte tendrán hoy sus últimas sesiones del año, mientras que el Pleno terminara sus labores la próxima semana, y esas serán las últimas oportunidades para atraer los recursos.
Las acciones admitidas ayer por Laynez, sin embargo, son el juicio principal en el que se resolverá este tema, pues no requieren trámite ante varias instancias como los amparos, y una eventual sentencia de invalidez tendría efectos generales.
La Consejería Jurídica planteó el impedimento de Laynez para llevar este caso, por opiniones sobre el caso que expresó en algunas entrevistas, pero el Pleno desechó por unanimidad la petición, ya que en acciones de inconstitucionalidad no procede recusar a Ministros salvo que ellos mismos lo pidan.
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