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Nación

Suprema Corte elimina restricción de 10 años para que exfuncionarios puedan trabajar en el sector privado

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El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eliminó este lunes la prohibición para que exservidores públicos trabajen en empresas privadas luego de dejar sus cargos y no esperar 10 años como lo indicaba la ley.

Por unanimidad, el máximo tribunal estimó que esta prohibición vulnera la libertad de trabajo y la calificó como “desproporcionada”.

El pleno invalidó por unanimidad el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley Federal de Austeridad Republicana, que establecía una restricción de diez años para que los servidores públicos de mando superior pudieran laborar en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en ejercicio de su cargo público.

“De acuerdo con la Corte, la medida incide de manera desproporcionada, innecesaria e injustificada en la libertad de trabajo, profesión, comercio e industria, reconocida por el artículo quinto constitucional, pues impide a los exfuncionarios, en esas circunstancias, prestar libremente sus servicios en la iniciativa privada”, explicó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El pleno tambiéndeterminó que durante el proceso legislativo, que dio origen a la Ley Federal de Austeridad Republicana, no se cometieron violaciones trascendentes que tuvieran por consecuencia su invalidez, aunque anuló por unanimidad el segundo párrafo del artículo 24 de esta legislación.

“Establecía una restricción de diez años para que los servidores públicos de mando superior pudieran laborar en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en ejercicio de su cargo público”, detalló la SCJN.

El ministro presidente, Arturo Zaldívar, expresó que votó a favor de invalidar la medida en la Ley Federal de Austeridad Republicana, debido a que no todos los cargos de mando superior representan un riesgo de corrupción.

“No todos los cargos de mando superior tienen las mismas responsabilidades y presentan el mismo grado de riesgo de corrupción; por lo tanto, me parece que la norma es sobreinclusiva. Por estas razones, yo votaré también por la invalidez de este precepto”, dijo el ministro

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