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CIUDAD DE MÉXICO.- Los Poderes Judiciales de los estados del país registran una baja independencia en su labor jurisdiccional pues, en promedio, sólo cumplen con el 32 por ciento de los indicadores recomendados a nivel internacional.
De acuerdo con el estudio “Independencia Judicial ¿dónde estamos?”, elaborado por la organización “México Evalúa”, ninguna entidad alcanza el 50 por ciento de las condiciones necesarias para ejercer plenamente su autonomía.
“De la revisión normativa, el estudio concluye que, en promedio, los estados cumplen con apenas el 32 por ciento de los indicadores. De hecho, ningún estado llega al 50 por ciento del cumplimiento de los indicadores (en la parte normativa), señaló México Evalúa.
“Por otra parte, la revisión documental arroja que, en promedio, sólo para 40 por ciento de los indicadores las prácticas institucionales cumplen con las garantías de independencia judicial”.
El trabajo, indicó la ONG, tomó como referencia los estándares internacionales de independencia judicial, desde los tres ámbitos en los que ésta se puede observar: el funcional, que se refiere a la libertad de criterios a la hora de decidir sobre asuntos concretos en los poderes judiciales; el profesional, enlazado con los derechos de las personas juzgadoras en su condición de funcionarias, y el institucional, que corresponde al funcionamiento correcto y sin fricciones del Poder Judicial con los otros poderes.
“El análisis indica que las garantías de independencia en México, si acaso están incorporadas, tienden a ser las más básicas. Lo que se observa en general es que el hecho de que una garantía exista en la normativa no asegura necesariamente su cumplimiento en los hechos, y que existen prácticas que no están reguladas”, advirtió.
El estudio, refirió México Evalúa, fue hecho en un contexto de ataques al Poder Judicial de parte del Ejecutivo federal, fenómeno que no sólo se registra en México, sino también en países como Polonia, Venezuela, Guatemala y El Salvador.
En el caso mexicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha encabezado los ataques contra jueces, magistrados y ministros, pero no ha sido el único, pues también se han registrado ataques a nivel estatal.
“Por ejemplo, en enero de 2023, cuando la ministra Norma Piña fue seleccionada por sus pares como presidenta de la Suprema Corte de Justicia —aun cuando el apoyo del presidente se había mostrado hacia otra candidata más afín a su proyecto de nación—, la reacción de éste fue contundente”, ejemplifica el reporte.
“Tan sólo entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año, identificamos cerca de 30 declaraciones del presidente durante sus conferencias de prensa matutinas en las que criticó al Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y/o su presidenta, así como a otras juzgadoras”.
A nivel estatal hay casos como el de Guerrero, en donde en 2021, se presentaron ante el Congreso local tres iniciativas ciudadanas, una de las cuales proponía que las magistradas del Tribunal Superior de Justicia fueran designadas mediante voto popular.
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