Pagos indebidos, incertidumbre jurídica, incumplimiento de las disposiciones normativas, falta de mecanismos de control y contrataciones con vicios, son algunas de las irregularidades detectadas en los últimos tres años por el órgano interno de control de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), que absorbió a las empresas estatales Diconsa y Liconsa.
Desde que inició su operación, Segalmex ha sido señalada en diversas ocasiones por la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de ejercicio indebido de los recursos públicos.
Esta semana el gobierno federal denunció ante la Fiscalía General de la República a tres directores de Segalmex, Diconsa y Liconsa por posibles irregularidades en compras y licitaciones. De acuerdo con un comunicado de la Presidencia de la República, la Secretaría de la Función Pública detectó el mal uso de recursos públicos en estas empresas estatales durante 2019, 2020 y 2021.
Segalmex es un organismo público descentralizado creado el 18 de enero de 2019 por el presidente Andrés Manuel López Obrador para promover la seguridad alimentaria y la nutrición, mediante programas de apoyo a pequeños productores y la distribución de alimentos básicos para la población más vulnerable del país.
Desde las primeras auditorías realizadas a Segalmex por el Órgano Interno de Control, dependiente de la Secretaría de la Función Pública, se registraron irregularidades.
En la auditoría 01/2020, el Órgano Interno de Control reveló pagos indebidos por 311.6 millones de pesos del programa Precios de Garantía al programa de Agromercados Sociales y Sustentables a cargo de ASERCA; incumplimiento a la normatividad establecida para la compra del maíz y frijol del ejercicio 2019; falta de evidencia documental que acredite el depósito de la ministración del subsidio a los beneficiarios de leche, por importe de 155 millones de pesos, además de pagos indebidos en la adquisición de bienes y servicios, entre otros posibles actos de corrupción.
A raíz de la auditoría número 06/2020, se pidió un informe fundado y motivado sobre la asignación de 17 mil 500 millones de pesos que sirvieron de base para determinar los gastos en contrataciones, adquisiciones y servicios.
Además hubo deficiencias en la contratación de servicios de seguridad y vigilancia para la sede de la institución, en Zacatecas. Desde inicios de 2020 se precisó que la creación de Segalmex y la falta de claridad de las actividades de Diconsa y Liconsa eran una de las causas de las irregularidades.
También se observaron los contratos para la adquisición de materiales para la habilitación de almacenes rurales de acopio en Puebla, Morelos, Hidalgo y Tlaxcala; la compra de chalecos, chamarras y hasta prendas de protección personal.
La auditoría 03/2020 advirtió de mecanismos inexistentes para la administración de seguridad de la información, que no se proporcionaron reportes de vulnerabilidades de seguridad de tecnología de información financiera y deficiencias en bases de datos.
Hasta ahora no se ha dado a conocer por parte de Segalmex si solventó las observaciones hechas por los auditores del gobierno federal.
Por su parte, la ASF hizo dos auditorías de la cuenta pública 2019 a Segalmex. En ambas encontró que se habrían usado más de 3 mil millones de pesos de forma irregular. Hasta ahora, Segalmex no ha aclarado ni un solo peso de esas observaciones
