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CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia anulará el uso discrecional de financiamiento público devuelto por los partidos políticos, y se quedó a dos votos de invalidar la reforma impulsada por Morena que les permite regresar recursos, publicada el pasado 27 de febrero.
Los nueve ministros presentes en la sesión coincidieron que se debe eliminar la facultad de la Secretaría de Hacienda para usar fondos devueltos por los partidos en prácticamente lo que quiera, misma que fue establecida en el artículo 19 Ter de la Ley de Federal de Presupuesto Responsabilidad Hacendaria.
Dicho artículo dice que esa dependencia usará los recursos “preferentemente” para atender desastres naturales u otras emergencias, lo que deja un margen de discrecionalidad reprobado por la Corte.
De los ministros presentes, además, cinco votaron por invalidar toda la reforma, que estableció tanto el derecho de los partidos de renunciar al financiamiento para actividades ordinarias, antes de recibirlo por medio del Instituto Nacional Electoral (INE), como el derecho de devolver lo ya recibido, directamente a la Tesorería de la Federación (Tesofe), siempre en casos de desastre o emergencias.
Por tanto, la reforma en su totalidad no tendrá los ocho votos para ser anulada, pues esta postura sólo podría sumar votos de las ministras ausentes, Yasmín Esquivel y Margarita Ríos Farjat.
El ministro Juan Luis González Alcántara, en tanto, votó por anular sólo el derecho de devolver lo ya recibido, por lo que, en este tema, aún es posible reunir los ocho votos.
Las acciones contra la reforma, promovidas por cinco partidos, quedaron pendientes hasta que regresen las dos ministras.
El pleno sesiona este martes, pero la Corte no tendrá labores a partir del miércoles, porque el 14 de septiembre también es inhábil para el Poder Judicial.
La mayoría de los ministros expuso múltiples argumentos contra el proyecto de su colega Loretta Ortiz, que proponía avalar la reforma sin cambio alguno.
Sólo Arturo Zaldívar y Javier Laynez estuvieron en favor de la reforma, salvo en la parte del uso discrecional del dinero, e incluso Zaldívar rechazó la propuesta de Ortiz de una “interpretación conforme” sobre este tema para que la Corte no invalide ni una palabra del texto.
Tres ministros afirmaron que la reforma debió ser anulada porque fue publicada cuando estaban en curso seis procesos electorales locales y la consulta de revocación de mandato del Ejecutivo federal, lo que violó la veda de 90 días previos a dichos procesos, para reformas las leyes en la materia.
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