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CIUDAD DE MÉXICO.- Reclutar a exfuncionarios federales responsables de licitaciones resultó en ganancias millonarias para B-Drive It y Engine Core, dos empresas de tecnología vinculadas entre sí.
Ambas tuvieron un explosivo crecimiento con el actual gobierno federal al obtener 59 contratos desde 2020 por casi 2 mil 800 millones de pesos.
Su crecimiento coincide con la contratación de Claudia Elena Pérez García, ahora apoderada de B-Drive It, pero quien trabajó hasta el 31 de octubre de 2019 como subdirectora de Área en la Coordinación General de Administración de la Oficina de la Presidencia, de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Durante 11 meses fue subordinada del área que está a cargo de Alejandro Esquer, secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Su función en la Presidencia era supervisar las licitaciones y adjudicaciones de contratos, según refirió ella misma en su última declaración patrimonial.
En agosto de 2020, a los 10 meses de haber dejado la Presidencia, Claudia Elena Pérez García se integró como apoderada de B-Drive It, empresa de tecnología que fue constituida el 21 de diciembre de 2016 en la Ciudad de México.
En sus primeros años (2016-2017), B-Drive It prácticamente no tuvo contratos gubernamentales. De 2018 a 2019, la empresa sumó siete asignaciones por 66.5 millones de pesos, de acuerdo con los registros disponibles en el sitio de compras públicas Compranet y la Plataforma Nacional de Transparencia.
Pero a partir de 2020, año en que la exfuncionaria de la Presidencia se incorporó a la empresa, el monto conjunto de los contratos se multiplicó más de 10 veces, al pasar de 66.5 millones de pesos en el periodo 2018-2019 a 735.5 millones de pesos entre 2020 y 2021. En lo que va de 2022 la compañía ha obtenido más asignaciones por 92.3 millones de pesos, según información oficial.
En B-Drive It también ha fungido como apoderado legal Héctor Sergio Mendoza Ortiz, otro exfuncionario federal que estaba encargado de las adjudicaciones y licitaciones en la Coordinación General de @prende.mx, una instancia encargada de aplicar los programas educativos de la SEP que contienen componentes digitales.
Mendoza Ortiz dejó el cargo de director de área en @prende.mx en febrero de 2019 y para agosto de ese mismo año, es decir, sólo seis meses después, ya firmaba como apoderado legal de la empresa B-Drive It en una licitación con el gobierno de la Ciudad de México.
Tanto Mendoza Ortiz como Claudia Elena Pérez García no esperaron los 12 meses que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas que deben pasar para incursionar en ámbitos relacionados al cargo que dejaron, lo cual podría constituir un conflicto de interés.
En su artículo séptimo, fracción XI, la citada ley menciona que cualquier funcionario debe separarse de intereses económicos que pudieran constituir conflicto de interés hasta por un año posterior a haberse retirado del empleo, cargo o comisión.
Además, una actual funcionaria de la Dirección de Administración de Fonatur Tren Maya trabajó en B-Drive It de 2017 a 2020, antes de ser servidora pública.
Se trata de Elsa Escobar Mata, quien colaboró en la parte de licitaciones de la empresa.
En el caso de Claudia Elena Pérez García, mientras trabajó en la Oficina de la Presidencia de la República, su jefe directo fue Jael Hernández Hernández, director de la Coordinación General de Administración.
Jael había sido el contador de Morena entre 2015 y 2018, cuando la Secretaría de Finanzas de ese partido estuvo a cargo de Alejandro Esquer Verdugo, quien ahora se desempeña como secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador.
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