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CIUDAD DE MÉXICO.- Días después del asesinato de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, criminales junto a miembros de los Gobiernos local, estatal, federal y del Ejército, montaron una operación para desenterrar los cuerpos de los jóvenes de fosas cerca de Iguala y llevarlos al 27 Batallón de Infantería, según un informe sin testar de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa de la Presidencia, cuya copia obtuvo REFORMA.
“Se van a llevar los cuerpos de aquí para manipular a sus anchas”, escribió una persona, que el informe identifica como el ex Alcalde de Iguala, José Luis Abarca.
“Aquí no se va a poder hacer mucho por temas de familiares, prensa” (sic), dice el documento donde se revela además un intento de protección del propio Abarca.
El 29 de septiembre, el Edil, identificado en los mensajes como “A1” habría escrito que negociaba con autoridades federales. Según A1, el entonces Presidente Enrique Peña “mandó a su sirviente” o “gato” (como identifica a Tomás Zerón), para negociar con Abarca y que “pida licencia y desaparezca”.
Zerón, dice uno de los mensajes, “coordinó todo absolutamente y van a crear una historia muy realista”. La defensa de Zerón dijo a REFORMA que su cliente nunca habló con Abarca antes de ser detenido y no negoció absolutamente nada con él.
La oferta para A1 incluía “que quede yo como actor intelectual sólo unos meses y me saca del País”. Abarca pidió licencia a su cargo el 30 de septiembre y fue detenido en la Ciudad de México el 4 de noviembre de 2014.
El interlocutor de Abarca, dice el informe, era José Martínez Crespo, un ex Capitán del Ejército, hoy preso.
Zerón era entonces el jefe de la Agencia de Investigación Criminal y ahora vive en Israel, donde busca no ser extraditado a México.
En la misma conversación, “A1” añade que el Gobierno federal también ofreció una negociación a dos células criminales que trabajaban con Guerreros Unidos.
El informe reconstruye, hora por hora, los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron los 43 estudiantes. En esa reconstrucción se expone por primera vez en detalle cuál habría sido la participación de militares, oficiales de seguridad de Huitzuco, el Gobierno de Guerrero, entonces a cargo de Ángel Aguirre Rivero, y el Gobierno federal.
De igual modo, el informe sostiene que la mayoría de los jóvenes fueron asesinados en la madrugada del 27 de septiembre, descuartizados, algunos disueltos en ácido y otros enterrados entre Iguala y Huitzuco.
Los últimos seis estudiantes, agrega el documento, estuvieron cautivos en una bodega varios días hasta que miembros del Ejército “se ocuparon de ellos”.
Varios militares que aparecen identificados en los mensajes están detenidos por otros cargos, como delincuencia organizada, no por el caso Ayotzinapa.
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