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CIUDAD DE MÉXICO.- Los ocho militares procesados por el Caso Ayotzinapa se reservaron ayer su derecho a declarar ante una juez federal, en la nueva acusación por el delito de delincuencia organizada que supuestamente los implica con el grupo criminal “Guerreros Unidos”.
Alejandro Robledo Carretero, defensor de los soldados, confirmó que también solicitaron duplicar el término legal para que les definan su situación jurídica, razón por la que será a más tardar el próximo miércoles cuando se determine si les dictan o no la formal prisión.
Los ocho indiciados en esta nueva causa judicial permanecerán internados en el Campo Militar Número 1, por lo menos hasta que Raquel Duarte Cedillo, Juez Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, resuelva si les inicia o no un juicio.
En caso de que les dicten la formal prisión, permanecerán en la cárcel porque fueron acusados bajo las reglas del sistema de justicia tradicional o escrito, en el que la delincuencia organizada es un delito grave y sin derecho a libertad provisional.
Cabe decir que esto no impide que puedan litigar para conseguir llevar el proceso en libertad.
Los militares acusados son Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunas, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lasos y Juan Sotelo Díaz.
Todos ellos eran integrantes de los Batallones 27 y 41 de Infantería en Guerrero, cuando desaparecieron los 43 normalistas en Iguala, la noche del 26 de septiembre de 2014.
El 13 de junio del año pasado la juez Duarte Cedillo ordenó la aprehensión de 16 militares de dichos batallones por el delito de desaparición forzada, por el caso de los normalistas.
Entre ellos estaban los 8 soldados ahora acusados, quienes en aquella ocasión se entregaron a la Fiscalía General de la República apenas una semana después de ordenarse sus capturas.
