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CIUDAD DE MÉXICO.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley General de Salud que establece los mecanismos a partir de los cuales el personal de salud del país podrá hacer uso de su derecho a la objeción de conciencia.
Entre los ajustes se plantea que la Secretaría de Salud deberá mantener actualizado el mecanismo para que el personal médico manifieste su decisión de ser objetor y debe garantizar en todo momento contar con personal no objetor para asegurar la atención médica.
La objeción de conciencia —permite excusarse de realizar un acto médico legal, al considerarlo incompatible con sus convicciones religiosas, morales o éticas— no será procedente cuando falte personal, cuando la negativa o postergación de la atención implique un riesgo para la salud de la persona, exista la posibilidad de secuelas o discapacidades, prolongue el sufrimiento o no exista una alternativa viable.
Legisladores del PAN criticaron la reforma pues consideraron que restringe este derecho y criminaliza al personal médico y de enfermería objetor.
El dictamen fue aprobado con 291 votos a favor, 106 en contra y 13 abstenciones.
La reforma busca dar cumplimiento al mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que después de resolver una acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ordenó a los legisladores detallar los límites y alcances del derecho del personal médico y de enfermería a negarse a realizar procedimientos sanitarios cuando se opongan a sus convicciones religiosas, ideológicas, éticas o de conciencia.
El proyecto, que fue turnado al Senado, señala que la Secretaría de Salud será la autoridad competente para determinar su procedencia, proceso ante el cual deberá pronunciarse en un plazo breve, porque de lo contrario se considerará una negativa ficta.
Las modificaciones indican también que cuando la objeción de conciencia sea utilizada para retrasar o entorpecer lo servicios de salud, dará lugar a las sanciones que establezca la ley.
La diputada del PAN, Leticia Zepeda, advirtió que la reforma restringe gravemente este derecho de los profesionales de la salud, porque le da a la Secretaría del ramo la autoridad para determinar su procedencia.
Zepeda advirtió que la reforma busca criminalizar y sancionar a los médicos y enfermeras, toda vez que contempla sanciones civiles, administrativas y hasta penales para el personaje que, bajo la premisa de objeción de conciencia ocasionen retrasos o entorpecimiento de los servicios de salud.
La perredista Elizabeth Pérez reconoció que el principal reto de la reforma es convertir en regla general la existencia de personal de salud suficientes, a fin de garantizar el servicio médico a la población.
En su turno, el morenista Emmanuel Reyes aseguró que con la reforma se garantiza la atención médica de la población, pero también los derechos de los profesionales de la salud.
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