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NUEVA YORK, EU.- El destino de Genaro García Luna quedó en las manos del jurado que sigue las acusaciones en su contra en la corte federal de Brooklyn por proteger a líderes del narcotráfico.
La semana pasada concluyeron los alegatos del juicio en contra de García Luna, acusado de haber dado protección al Cártel de Sinaloa durante su etapa como director de la Agencia Federal de Investigación (2000-2006) y como secretario de Seguridad Pública (2006-2012).
Desde el pasado jueves, 12 ciudadanos neoyorquinos elegidos al azar están encargados de determinar si el ex uncionario es culpable de tres cargos por narcotráfico, uno por participar en una organización criminal y uno más por mentir a las autoridades migratorias.
En su primer día de deliberaciones, el jurado solicitó revisar las declaraciones del narcotraficante Sergio Villarreal Barragán, alias el “Grande”, quien el pasado 23 de enero aseguró que Arturo Beltrán Leyva, capo del Cártel de Sinaloa, pagó a García Luna de 1 a 1.5 millones de dólares mensualmente de 2001 a 2009.
También el testimonio de Israel Ávila, que llevaba la contabilidad del capo sinaloense y quien dijo que el exmando estaba registrado en la nómina de la organización delictiva con los alias de “Tartamudo” y “Metralleta”, y que recibió pagos que iban de uno a tres millones de dólares.
Los dos delincuentes pertenecen a un grupo de 27 testigos que la Fiscalía federal de Nueva York hizo desfilar para que declarara contra García Luna, ratificara aseguramientos de cocaína o ayudara a demostrar la existencia del Cártel de Sinaloa como una empresa criminal dedicada a enviar cientos de toneladas de droga anualmente a Estados Unidos.
García Luna fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas, y en enero de 2020 se declaró inocente de los cuatro cargos de los que inicialmente fue acusado —posteriormente le sumaron el de participar en una organización criminal— y decidió encarar un juicio con un abogado de oficio designado por la corte.
Pese a que los fiscales habían dicho que tenían pruebas contenidas en un millón de documentos y que presentarían a más de 70 testigos, al final sólo recurrieron a 27 y, de ellos, sólo tres aseguraron haber pagado sobornos a cambio de protección.
La defensa ofreció el testimonio de Linda Cristina Pereyra, esposa de García Luna, quien se enfocó en hablar de los bienes de la pareja.
Pereyra dio una explicación detallada de la manera en que fueron comprando inmuebles con base en créditos hipotecarios, los bonos obtenidos por su marido en el servicio público, ahorros y las ganancias de pequeños negocios como una papelería, un salón de fiestas infantiles y un restaurante.
Esta vez, las diligencias realizadas en la sala de audiencias tuvieron un impacto mayor en Palacio Nacional luego que el abogado defensor, César de Castro, preguntó a Jesús “Rey” Zambada sobre unas declaraciones que hizo a los fiscales en 2013, en las que aseguró haber entregado siete millones de dólares a un exfuncionario policiaco del gobierno de la Ciudad de México para la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador de 2006.
El narcotraficante negó haber dicho que eran para la campaña del ahora presidente López Obrador, pero aceptó que sí entregó dinero “para una campaña”.
López Obrador reaccionó acusando a De Castro de ser un “abogado falsario, calumniador, chueco” y anunció que analiza presentar una demanda por daño moral en Estado Unidos en contra del litigante.
El jurado continuará esta semana revisando la evidencia aportada por la Fiscalía y repasando los relatos de los testigos para determinar si García Luna es culpable o inocente de cada uno de los delitos que se le imputan.
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