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CIUDAD DE MÉXICO.- A través de decretos, iniciativas de ley, objeción de nombramientos, limitaciones presupuestales y críticas constantes desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha intentado desmontar el andamiaje institucional de la transparencia y rendición de cuentas.
“El mundo ideal” al que hizo referencia el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, la semana pasada al referirse a lo que para el gobierno significa la inoperancia del INAI por falta de comisionados, se ha extendido a más áreas e instituciones que, al desaparecer o estar limitadas, permiten actuar en opacidad.
El presidente López Obrador envió una iniciativa a la Cámara de Diputados en la que propone la desaparición de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, que es el apoyo técnico del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, y sin el cual quedaría prácticamente inoperante.
Ese mismo día, argumentando que las Fuerzas Armadas mexicanas son víctimas de un supuesto espionaje de parte del Pentágono, anunció que para no facilitar el trabajo de los “espías” protegería la información calificándola de seguridad nacional.
El anuncio lo dio luego de que en Estados Unidos se publicara que existen fricciones entre las secretarías de la Defensa Nacional y la Marina debido al papel protagónico que ha tenido la primera, y a que en México se difundieran los viajes millonarios que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, ha hecho al extranjero junto con su familia.
Esta no es la primera vez que López Obrador recurre a la coartada de la seguridad nacional, pues para librar los amparos contra la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Gabriel Mendoza Jiménez, incorporó las instalaciones militares, incluida la Base Aérea de Santa Lucía, al Inventario de Infraestructura Estratégica.
Esta medida también le sirvió para combatir los amparos a la construcción del Tren Maya al anunciar en julio de 2022 que la Sedena sería la encargada de continuar con la obra.
La denominación de esas obras de infraestructura como de seguridad nacional no sólo le ha servido para pasar por alto los amparos, sino que también ha sido el pretexto para negar información sobre los proyectos y los recursos empleados.
Esta semana, a petición de la Secretaría de Educación Pública, el Inegi deshabilitó el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), que era el portal donde la ciudadanía podía consultar información educativa como el número de alumnos por nivel, nóminas magisteriales, resultados de evaluaciones y características de la infraestructura de los planteles.
La información resguardada en el SIGED era considerada de Interés Nacional (IIN), pero la SEP pidió revocarle este carácter para que no se hiciera pública.
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