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CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Arturo Zaldívar, urgió a ampliar la legislación para que toda muerte violenta de mujer sea investigada como feminicidio.
En medio de las diferencias de criterios entre las autoridades de justicia de Morelos y de la Ciudad de México ante el feminicidio de Ariadna Fernanda López, el ministro Zaldívar llamó a “sumar esfuerzos” para reforzar la legislación sobre el tema.
“Urge un tipo penal nacional de feminicidio, un protocolo nacional para investigar este delito y que todas las muertes violentas de mujeres se investiguen como feminicidios. No es tan difícil. Basta voluntad política y sumar esfuerzos”, planteó.
De acuerdo con el Código Penal Federal, comete el delito de feminicidio la persona o las personas que priven de la vida a una mujer cuando la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; si ha habido una relación sentimental, afectiva o de confianza; a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, entre otras causales.
En julio pasado, el ministro Zaldívar entregó ante el Congreso una propuesta de ley de la Corte para aumentar las causales del feminicidio, tipificar la tentativa y ampliar las penas.
“No pueden seguir matando impunemente a niñas y mujeres mexicanas, y las autoridades no pueden seguir mirando hacia otro lado. Tenemos el compromiso con la gente y niñas de México, todos debemos estar a la altura de este momento histórico y sumar esfuerzos, para pasar de este estadio, para que niñas y mujeres puedan salir a la calle sin miedo”, expuso Zaldívar en la presentación de la iniciativa.
En la propuesta, la Corte planteó una reforma al artículo 73 de la Constitución para dar al Congreso la facultad de expedir leyes generales en materia de feminicidio. Con ello se acompaña la iniciativa de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio.
“El proyecto busca responder a la grave situación que enfrenta el país por el creciente número de feminicidios, la cual se agudiza debido a la ausencia de estándares claros y uniformes que garanticen el castigo de la violencia feminicida”, se explica en el documento.
La propuesta también planteó pasar de las siete causales que hay en el Código Penal Federal a 17.
En la nueva ley también se consideran causales del delito cuando el agresor alegue razones de honor, reputación familiar o creencias religiosas; es parte de la actividad de un grupo delictivo organizado o se produzca en el marco de un rito, ceremonia grupal o linchamiento; sea ejecutado como forma de impedir u obstaculizar los derechos políticos de la víctima o de otras mujeres; la privación de la vida sea con motivo del embarazo de la víctima; que la privación de la vida sea con motivo de que la mujer se dedique al trabajo sexual o sea víctima de trata o explotación sexual.
Además que el delito se ejecute en situaciones de conflicto interno o de guerra y la mujer se considere enemiga; que la víctima se halle en la línea de fuego; que la privación de la vida sea con motivo de que la mujer ejerza su derecho al trabajo o reciba una remuneración o un salario mayor a la persona que cometa el delito y ésta se haya sentido amenazada o desplazada por el fortalecimiento y autonomía de la mujer, o se produzca en cualquier otro tipo de situación en la que se actualicen circunstancias de subordinación por las relaciones desiguales de poder entre el agresor y la víctima, o cualquier forma de discriminación contra la mujer sea o no que exista o haya existido una relación interpersonal.
A quien cometa feminicidio, indica el proyecto, se le impondrán de 40 a 60 años de prisión y la pena se aumentará hasta en una mitad cuando el agresor sea servidor público o se cometa contra una mujer presa, contra una niña o contra una adulta mayor.
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