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CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó imponerles una pena de 12 años de prisión a dos exfuncionarios de la desaparecida Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en un caso en el que les imputan un daño al erario de 26.6 millones de pesos por medio de la Universidad de Zacatecas (UAZ), dentro del caso de la Estafa Maestra.
Se trata de Marcos Salvador Ibarra Infante y Ricardo Mejía Zayas, exdirectores generales adjuntos de la Unidad de Coordinación de Delegaciones, sujetos a proceso por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
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La Fiscalía General de la República acusó formalmente a los exfuncionarios ante el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, donde pidió imponerles la pena máxima por ese delito y una multa de 150 días de salario.
Autoridades judiciales indicaron que ya fue celebrada la audiencia intermedia en este proceso y que en breve el centro de justicia agendará una fecha para el inicio del juicio.
A Ibarra y Mejía se les atribuye haber sido parte de una contratación ilícita, al firmar el 22 de junio de 2015 un convenio de coordinación entre la Sedesol y la UAZ para “el diseño y desarrollo de una metodología de intervención para el fortalecimiento del padrón de beneficiarios de los programas sociales de la Secretaría”.
Según la Fiscalía, la Sedesol pagó a la universidad 52 millones 200 mil pesos, y el 30 de julio del mismo año ésta subcontrató el 100 por ciento de los servicios con la empresa lntegración Documental S.A. de C.V. por sólo 25 millones 578 mil pesos.
La FGR considera que la UAZ obtuvo ilegalmente 26 millones 622 mil pesos al haber ingresado esa suma a sus arcas sin prestar servicio alguno y no devolverlo a la Sedesol, suma que constituye el daño ocasionado al erario.
Otra presunta ilicitud del convenio fue que la Secretaría no verificó que la UAZ tuviera la capacidad técnica, material y humana para cumplir con el contrato, lo que ocasionó que ésta subcontratara todos los servicios requeridos, pese a que la norma sólo le permitía hacerlo por el 49 por ciento del total.
Desde el 2018, en que la FGR empezó a judicializar los casos de la Estafa Maestra, sólo han sido sentenciados tres funcionarios, dos de ellos en el juicio y otro en un procedimiento abreviado, es decir, se declaró culpable para conseguir una pena mínima y evitar el juicio.
Uno de los sentenciados fue absuelto y dos fueron condenados, pero ninguno de éstos está preso porque sus condenas fueron menores y alcanzaron el beneficio de la sustitución de la pena.
La primera sentencia, dictada en un procedimiento abreviado, fue de 5 meses con 29 días de prisión contra el ex delegado de la extinta Sedesol en Chiapas, Ezequiel Saúl Orduña Morga, por una contratación indebida de más de 28 millones de pesos.
La segunda fue dictada en un juicio contra Juan de Dios Nochebuena, ex Rector de la Universidad Politécnica Francisco I. Madero (UPFIM) de Hidalgo, por un convenio con la Sedesol de 185.8 millones de pesos, pero fue absolutoria.
Y la tercera fue de seis meses de cárcel a Martha Lidia Montoya Santos, ex directora de Recursos Financieros de la desaparecida Sedesol, en un juicio en el que se le halló culpable de autorizar el pago sin solicitud previa de 7.5 millones de pesos, dentro de un contrato de la dependencia con la Universidad Autónoma de Chiapas por 60 millones 952 mil 400 pesos.
La causa judicial contra Ibarra y Mejía será el cuarto caso de la Estafa Maestra en el que se dicte sentencia de primera instancia.
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