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CIUDAD DE MÉXICO.- La Ministra Yasmín Esquivel propuso a la Suprema Corte de Justicia avalar la nueva Ley Orgánica de la Armada de México, expedida en octubre de 2021 para reemplazar la que existía desde 2002.
El Pleno de la Corte discutirá el próximo 20 de febrero el proyecto de la Ministra, que rechaza argumentos de diputados de Oposición contra 12 porciones normativas de la ley, enfocadas sobre todo en las funciones de seguridad pública y las tareas civiles de los marinos.
El proyecto niega que la posibilidad de “comisionar” personal de la Armada en cualquier otra dependencia del Gobierno implique otorgarle presencia permanente en estas últimas.
Este punto es relevante, luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha entregado a la Secretaría de Marina (Semar) el control de las aduanas marítimas, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el Tren Transístmico y otras funciones que requieren que se comisione al personal naval en otras áreas del Gobierno.
“La Policía Naval es la unidad operativa especializada para efectuar operaciones de apoyo a las instituciones de seguridad pública en el marco jurídico aplicable”, indica el artículo 29 de la ley, que se propone declarar constitucional.
Cuando se presentó esta acción, los policías navales eran parte de la Guardia Nacional (GN), pero luego de la reforma de septiembre de 2022 para traspasar esta corporación a la Secretaría de la Defensa Nacional, a los marinos se les dio la opción de convertirse en soldados o volver a la Armada.
Esquivel rechaza que la atribución de la Armada para combatir “cualquier otro ilícito” en las zonas marinas mexicanas, más allá de los expresamente previstos en la ley, constituya un desbordamiento de atribuciones.
Tampoco acepta argumentos de que múltiples facultades de la Armada puedan ser calificadas como genéricas, ambiguas e imprecisas, o que permitan la discrecionalidad en la actuación de los militares y, además, avala el artículo 38, que en sólo dos renglones define las funciones de la Unidad de Inteligencia Naval.
Para invalidar cualquier artículo será necesario el voto de ocho de los 11 Ministros.
Esta acción de inconstitucionalidad, la 173/2021, es distinta de otra en la que senadores opositores impugnaron la reforma de diciembre de 2020, por la cual se transfirió el control de todos los puertos del País a la Semar.
Ese caso, con numero de expediente 3/2021, aún no aparece en la lista de sesión del Pleno de la Corte, y si bien el juicio fue instruido por la Ministra Norma Piña, tras su elección como presidenta el asunto fue heredado por Arturo Zaldívar, quien deberá presentar el proyecto respectivo.
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