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CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal emplazó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y a otras instancias del gobierno a pagar 91.5 hectáreas de terrenos privados que ahora forman parte del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
El Juzgado Quinto en Materia Administrativa resolvió en días pasados un amparo otorgado a los herederos de Raúl Romero Zenizo, quienes probaron ser los dueños legítimos de dos fracciones de terrenos en el municipio de Nextlalpan, Estado de México, y por las que exigían una indemnización.
“(A las dependencias) se les concedió el término de 10 días para que remitan las constancias con las que acrediten haber cumplido en su totalidad con el fallo protector o bien expongan de manera fundada y motivada las razones que tengan para no hacerlo”, informó el juzgado mediante oficios, de acuerdo con el abogado de los herederos.
Pese a ser propiedad privada, la Sedatu, cuyo titular es Román Meyer, declaró que los predios eran propiedad nacional y los cedió a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en abril de 2019, sin haber pasado por un proceso de expropiación y sin pago de indemnización.
A los herederos de los terrenos se les otorgó el amparo desde julio pasado tras probar que son los dueños legítimos.
No obstante, aunque el juzgado ordenó desde entonces al gobierno pagar una indemnización para el cumplimiento de la sentencia, pues la devolución de los predios ya era imposible al haber concluido la mayor parte de las obras del AIFA, la Sedatu recurrió al tortuguismo, acusaron los herederos.
Para el juzgado, la Sedatu no sólo se ha negado al cumplimiento de la ejecutoria del amparo, sino que vinculó a otras instancias en esa responsabilidad, como el director general del Instituto de la Función Registral del Estado de México, el titular del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) y al director en Jefe del Registro Agrario Nacional, así como a la Sedena y la SCT.
Los oficios para que las dependencias cumplan con la orden se emitieron el pasado 17 de enero, por lo que los 10 días hábiles concluyeron a inicios de febrero. Con esto el juzgado debería de contar con el desahogo de respuestas de las citadas autoridades.
De acuerdo con el abogado de los herederos, el incumplimiento a la resolución del juzgado podría derivar en la separación de cargo de los funcionarios responsables de las dependencias involucradas y su consignación a una causa penal.
Los terrenos que afectó la Sedatu son el Polígono II Fracción B con una superficie de 902 mil 081 metros cuadrados y Polígono I Fracción E con una superficie de 12 mil 886 metros cuadrados.
Tras la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en abril de 2019 en el que esos terrenos de particulares fueron declarados como nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado al dueño a encontrar una solución, luego de que éste reclamó la propiedad.
“Ya se ha dicho tanto por Sedatu como por Sedena que se tiene que pagar la tierra a esta persona una vez que acredite que tiene las escrituras y documentos”, aseguró el mandatario en una conferencia mañanera de julio de 2020.
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