#Nacional •
CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal ordenó ayer la aprehensión de 22 ex funcionarios y particulares por el pago de más de 142 millones de pesos que en 2020 hizo Segalmex por 7 mil 800 toneladas de azúcar, de las cuales sólo recibió 3 mil 110.
El juez giró las capturas por los delitos de delincuencia organizada, peculado y lavado de dinero y la lista la encabeza René Gavira Segreste, ex jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, quien ya está procesado por otras acusaciones relacionadas.
“De las 22 personas referidas, 12 fueron servidores públicos de Segalmex; 4 pertenecen a las empresas con las que se coludieron; y 6 fueron los beneficiaros de los recursos de Segalmex que fueron desviados”, informó ayer la Fiscalía General de la República (FGR).
“Todo ese grupo de presuntos responsables de los delitos citados, celebraron contratos ilegales y pagos ilícitos por la cantidad de 142 millones 440 mil 883 pesos, por una supuesta adquisición de 7 mil 840 toneladas de azúcar, que se utilizarían en beneficio de la población del país y las que nunca pudieron probar que las habían entregado legalmente a dicha empresa estatal”, informó.
El delito de delincuencia organizada amerita prisión preventiva de oficio, por lo que, en caso de que los imputados sean procesados, no tendrán la posibilidad de llevar el procedimiento penal en libertad.
La Fiscalía dijo que este expediente, el más importante que ha llevado a los tribunales, es el sexto que judicializa del Caso Segalmex, por el cual originalmente inició cuatro carpetas de investigación.
Admitió que existen más carpetas de investigación pero que serán judicializadas próximamente por más casos multimillonarios de peculado en contra del organismo que en sexenios pasados se conocía como Conasupo.
La FGR batalló para lograr que se libraran las órdenes de captura en este caso de delincuencia organizada por el desfalco multimillonario al patrimonio de Segalmex.
Desde agosto pasado la Fiscalía pidió en tres ocasiones las órdenes de aprehensión por el caso y fue hasta el último intento en el que logró las órdenes de captura.
El 16 de agosto, Álvaro Niño Cruz, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Oaxaca, negó por primera vez las órdenes de captura con el argumento de que la FGR no acreditó que la aprehensión de los imputados fuera la manera más idónea de hacerlos comparecer ante la justicia.
Dos días después, la Fiscalía acudió con Marco Antonio Fuerte Tapia, juez federal del Reclusorio Norte, quien también rechazó librar las aprehensiones no sólo con el mismo argumento de su homólogo, sino también por la deficiente argumentación sobre los delitos.
En esos dos intentos previos, la FGR pidió la captura de 25 probables implicados; ahora se libraron las órdenes de captura contra 22.
El contrato de esta investigación fue suscrito en abril de 2020 por Diconsa con la empresa Carregin que debía proveerle 25 mil toneladas de azúcar por 465 millones de pesos.
Los problemas de logística ocasionados por la pandemia de Covid-19 llevaron a cancelar la mayoría de los pedidos y sólo dejaron vigente el de 7 mil 800 toneladas por 145 millones de pesos.
Conforme la denuncia, Diconsa pagó la totalidad del contrato cuando Carregin sólo había entregado 3 mil 110 toneladas. La paraestatal pidió la devolución de 88 millones de pesos de las 4 mil 700 toneladas no entregadas, pero la proveedora sólo depositó 8 millones de pesos a Diconsa.
Genera confianza Quintana Roo para inversión
