La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) advirtió que el fenómeno de la desaparición de personas en el país persiste y presenta omisiones y rezagos, pese a que en enero de 2018 entró en vigor la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
“Cuatro años después (de la entrada en vigor de la Ley General), los retos siguen siendo enormes para atender los más de 96 mil casos de personas oficialmente reconocidas como desaparecidas, así como las más de 52 mil personas cuyos restos permanecen sin identificar en los servicios forenses y panteones”, expresó la ONU-DH mediante un comunicado difundido ayer lunes.
La ONU-DH señaló que en cuanto a la implementación de la Ley General sobre Desaparición Forzada y a cuatro años de su entrada en vigor, aún quedan importantes aspectos rezagados que urge atender, como que la mayoría de los estados aún carecen de una política pública en materia de desaparición de personas, y acusó la falta de colaboración por parte de la mayoría de las fiscalías en la responsabilidad estatal de buscar a las personas desaparecidas.
“Estas omisiones, incumplimientos y retrasos de los actores estatales repercuten negativamente en los derechos de las víctimas, en quienes sigue recayendo indebidamente, en ocasiones a costa de grandes riesgos, la carga de buscar a sus familiares e incidir en el aparato de procuración de justicia para que cumpla con identificar y sancionar a los responsables”, manifestó la entidad.
Cabe destacar que México asumió el 6 de diciembre el compromiso atender “puntualmente” las recomendaciones que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU presentará en marzo próximo tras su visita al país en noviembre pasado.
“Asumimos el compromiso del que el informe que presente el comité será atendido puntualmente por el Estado mexicano”, aseguró en conferencia de prensa Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob).
El funcionario adelantó que durante su visita el Comité de la ONU reconoció la apertura del Estado mexicano para la cooperación y el compromiso de atender la problemática de las desapariciones en México, que hoy suma más de 95 mil personas no localizadas.
Asimismo, admitió que una de las principales preocupaciones del Comité fue que en México prevalece la impunidad ante estos delitos, pues desde que se promulgó la Ley contra las desapariciones forzadas en noviembre 2017, entrando en vigor en enero de 2018, solo se han dictado 35 sentencias condenatorias.
También, puntualizó, la agrupación expresó preocupación porque en el país este delito se mantiene de manera sistemática, independientemente de que esté asociado a delincuencia organizada.
Del mismo modo, dijo, el comité recomendó anticipadamente que el sistema de procuración de justicia debe ser replanteado y establecer una nueva metodología en investigación y en el análisis de macrocasos.
Aunado a ello, expresó su preocupación por la falta de coordinación entre fiscalías, autoridades y familiares de las víctimas, lo cual “limita las búsquedas”
