La política migratoria mexicana está cada vez más militarizada, las Fuerzas Armadas son las que hacen mayor número de detenciones y muchas de ellas son arbitrarias, están basadas en el perfilamiento racial o han conllevado abusos, sobre todo de mujeres.
Estas son las principales conclusiones del informe presentado el martes por seis organizaciones de larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos y de los migrantes en particular, entre ellas la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Sin Fronteras y el Instituto para las Mujeres en la Migración.
Según el informe, hay un despliegue desproporcionado de militares frente al número de agentes migratorios y son las Fuerzas Armadas las que realizan la mayor parte de las detenciones de migrantes aunque por ley deberían ser “mero auxilio”.
El documento recuerda que aunque la tendencia viene de antes de esta administración, la presión del expresidente Donald Trump en 2019 hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador aceleró el despliegue de la Guardia Nacional, un cuerpo teóricamente bajo mando civil pero que operativamente está bajo control militar y cuya mayoría de integrantes no tiene formación policial.
México optó entonces por cambiar al sociólogo que estaba a cargo del Instituto Nacional de Migración (INM) por quien dirigía los penales del país.
Esta militarización se hizo más intensa con la colocación de militares en puestos estratégicos dentro de la propia estructura del INM, como publicó The Associated Press en septiembre de 2019.
Según el informe, esta situación ha conllevado abusos que han afectado, principalmente, a personas de origen africano y a mujeres y que muchas veces tienen lugar en controles de migración móviles, los cuales fueron considerados inconstitucionales por la Suprema Corte la semana pasada precisamente por ese motivo.
Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia, subrayó la gravedad de que se utilice “la apuesta más letal de un país en contra de las personas más vulnerables” aunque confió en que tras el pronunciamiento de este mes, el poder judicial se convierta en un contrapeso en favor de los migrantes.
El documento pone también en evidencia la falta de claridad y las contradicciones entre las propias instituciones en cuanto a las detenciones, llamadas por las autoridades mexicanas “rescates” o “presentaciones”. Las cifras que ofrecen las instituciones armadas sobre detenciones en las que las participaron son, en algunos casos, hasta diez veces mayores que las que proporciona el INM.
Según los datos obtenidos por el sistema de transparencia, el documento afirma que entre junio de 2019 y diciembre de 2020 las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional detuvieron a más de 152.000 personas tan sólo en la frontera sur. Según los datos del INM, en ese mismo periodo fueron presentados unos 190.000 migrantes.
Felipe González, relator de la ONU para las personas migrantes, recordó durante la presentación del informe que la detención migratoria debe ser la excepción pero lamentablemente se ha extendido en el país al igual que la militarización lo que, a su juicio, tiene un impacto en el derecho al asilo y a la justicia.
Algunas de las organizaciones firmantes interpusieron recursos para denunciar parte de estas prácticas y la Suprema Corte de Justicia de México tiene pendiente pronunciarse sobre varios recursos vinculados con la Guardia Nacional.
El gobierno de López Obrador ha dado cada vez más poderes a las Fuerzas Armadas, desde la construcción de grandes infraestructuras hasta el control de las aduanas, el cultivo de viveros, el reparto de medicinas y la migración con el argumento de que son menos corruptibles y no se permitirán abusos a los derechos humanos.
En agosto del año pasado, en una declaración poco habitual por su claridad, el secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, enfatizó que el objetivo “principal” del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional era “detener toda la migración” y “cubrir la frontera norte, la frontera sur con efectivos”.
Según Sandoval, en aquel momento había desplegados más de 14.000 militares y miembros de la Guardia Nacional que trabajaban junto con otros tantos elementos de seguridad pública desde los límites con Guatemala y Belice hasta el Istmo de Tehuantepec, la parte más estrecha del sur de México.
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Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, dijo la semana pasada en una conferencia de prensa que defendía ese enfoque de mayor control en el sur y en concreto en el istmo porque ahí “están las llaves para resolver los problemas que tenemos ahora sobre el flujo de la migración” y “también es parte de la solución de la seguridad” dado que es más fácil controlar una franja de 300 kilómetros que toda la frontera con Estados Unidos, que tiene más de 3.000 kilómetros.
