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CIUDAD DE MÉXICO.- En la justicia federal mexicana existe un ambiente de coerción que obliga a inocentes a declararse culpables de los delitos que les imputan en un proceso, principalmente cuando las personas acusadas son mujeres.
Así lo señala el informe “Condena sin Juicio: procedimiento abreviado e impactos de género en el sistema federal mexicano”, elaborado por el organismo civil internacional Fair Trials (Juicio Justo) y la consultora DragonLab, en colaboración con el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP).
El procedimiento abreviado es el sistema de renuncia al juicio que se usa en México y en el que un procesado negocia con la Fiscalía declararse culpable, a cambio de obtener la reducción de hasta un tercio, una mitad o dos terceras partes de la pena mínima del delito.
El estudio en cuestión apunta que el abuso de la prisión preventiva, la expectativa de la libertad, el temor a llegar a un juicio en el que podrían ser sentenciados a una alta penalidad, así como el abandono de los familiares en el caso de las mujeres presas o el hecho de que un juicio tarde hasta dos años en llevarse a cabo, propician que los procesados se declaren culpables, aunque no lo sean.
“En realidad, las personas negocian con la Fiscalía en condiciones que son intrínsecamente desiguales y en lugar de meditar racionalmente cuál es su mejor opción, frecuentemente optan por el procedimiento abreviado pese a ser inocentes”, indica el texto.
“La investigación corroboró que existen factores en el sistema de justicia penal federal que generan un ambiente de coerción para que las personas acusadas opten por el procedimiento abreviado a pesar de tener posibilidades de lograr su absolución en juicio oral.
“El primer factor es el uso desmedido de la prisión preventiva oficiosa. Debido a que un porcentaje importante de los delitos federales de los que son acusadas las personas, y especialmente las mujeres, son delitos con prisión preventiva oficiosa como la portación de armas y los delitos contra la salud.
“Las personas negocian desde la cárcel y encuentran en el procedimiento abreviado la forma más rápida de obtener su libertad”.
Por lo anterior, el informe señala que la renuncia al juicio suscita preocupaciones para los derechos humanos, porque reduce las salvaguardas del debido proceso, reduce el escrutinio sobre las fiscalías y policías en el proceso penal y tiene un impacto diferenciado contra personas en situación de vulnerabilidad.
De acuerdo con el análisis, en 2021 ingresaron a centros penitenciarios 872 mujeres que cometieron algún delito federal, lo que representa un 9.94 por ciento del total de ingresos, pero a pesar del porcentaje, son quienes tienen mayor grado de vulnerabilidad.
La mayoría son acusadas por delitos cometidos junto con hombres y suelen participar en actividades delictivas por sus relaciones afectivas o familiares con hombres, por presión o por habérseles asignado tareas con carga de género como realizar tareas de limpieza, de preparación de alimentos o trabajo sexual, dice el análisis.
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“De este modo, si una persona acusada opta por el procedimiento abreviado pese a que su estrategia de defensa pudo tener éxito en juicio —incluyendo una estrategia que incorpore la perspectiva de género—, debido al ambiente de coerción existente, no se puede hablar de una verdadera garantía del derecho a defenderse”, concluye.
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