La migrante guatemalteca Juana Alonzo, quien pasó 7 años en prisión preventiva en México, fue torturada por la policía y acusada de secuestro, regresó ayer a Guatemala y se reencontró con su familia.
Alonzo no soportó tanta emoción y se desmayó en los brazos de su padre y sus tías. Rompió en llanto y abrazó a su familia un día después de que fue liberada por autoridades del estado mexicano de Tamaulipas, donde estuvo detenida durante 7 años mientras intentaba emigrar a Estados Unidos.
“(A la prisión) es fácil entrar pero para salir está difícil”, declaró Alonzo, de 35 años, una mujer indígena maya chuj de la comunidad de San Mateo Ixtatán Huehuetenango. Explicó que estuvo detenida por no hablar bien español.
A su llegada la esperaban sus familiares con trajes ceremoniales para darle la bienvenida. Luego de saludar a su familia, las mujeres que la acompañaban efectuaron un ritual: le quitaron el pantalón de mezclilla que llevaba y la vistieron con un traje típico de su región.
Alonzo, que habla con dificultad español, aprovechó el momento para abogar por sus compañeras de prisión, donde dijo que muchas están en la misma situación de inocencia que ella.
“No somos piedras, no somos plásticos; nos vamos quedar allí sin ver a la familia. Qué tristeza”, manifestó.
La mujer indicó que no podía creer cuando le dijeron que por fin podía salir de la cárcel.
Pedro Alonzo, tío de la mujer, dijo que ella dejó su comunidad hace 7 años para ayudar a su familia. “Ella quiso dar estudio a su familia, a un hermanito pero ese sueño no se llevó a cabo”.
“Su delito fue no hablar español. ¿Quién va a pagar esa cicatriz?”, dijo el tío. Organizaciones de derechos humanos dicen que la joven mujer fue obligada a firmar un documento en español que la incriminaba del delito de secuestro cuando ella no sabía leer.
Alonzo dijo que las condiciones de pobreza de la comunidad sigue siendo las mismas que había cuando Juana salió del lugar.
“Juanita va a regresar a su misma choza, su misma pobreza, ( a comer) hierbas y tortillas”, explicó. “Lo que queremos es justicia”.
Mario Búcaro, el canciller guatemalteco que acompañó a la migrante, explicó que se le brindará apoyo en su retorno a su comunidad.
Craig López director jurídico de la fiscalía de Tamaulipas confirmó que Alonzo nunca fue condenada y que pasó los 7 años en prisión preventiva. Al preguntarle si se violaron los derechos humanos, el debido proceso y la presunción de inocencia de Alonzo, se limitó a decir que con su liberación, el gobierno mexicano y la fiscalía reconocen que deben respetarse esos derechos.
Netzaí Sandoval, titular del Instituto Federal de la Defensoría Pública de México, la entidad que asumió la defensa de Alonzo en 2021 a petición de las autoridades guatemaltecas, dijo que este es “un caso totalmente aberrante”.
“Hay múltiples condiciones de vulnerabilidad por ser una mujer, indígena, migrante, pobre, que no habla el español”, agregó Sandoval, quien recalcó que Alonzo no tuvo una traducción adecuada de los cargos en su contra hasta 2022.
Según explicó en entrevista con The Associated Press, la mujer, quien poco a poco aprendió a hablar español en la cárcel de Reynosa, fue detenida en un operativo de “rescate” de migrantes, pero en lugar de ser llevada a un centro de detención migratoria las fuerzas de seguridad de Tamaulipas “la hacen firmar una autoinculpación con tortura”.
“Juana es totalmente inocente y quedó libre de asuntos pendientes con la justicia mexicana”, dijo Sandoval.
