Cd. de México
Un juez federal ordenó cesar cualquier posible tortura, incomunicación o aislamiento a los que pudiera estar sometido Rafael Caro Quintero en el interior del Centro Federal de Readaptación Social Número 1 de Almoloya de Juárez, mejor conocido como Altiplano.
José Fernando García Quiroz, Juez Octavo de Distrito en Amparo y Juicios Federales de Toluca, otorgó una suspensión de plano al narcotraficante, en una demanda de garantías presentada contra la Dirección General del penal por los supuestos malos tratos y tormentos en su cautiverio.
“Se decreta de plano y oficio la suspensión para que cesen los actos consistentes en la incomunicación, segregación, aislamiento, cautiverio con tormentos físicos y psicológicos, malos tratos, abuso de autoridad, tortura y lesiones que ponen en riesgo la vida de Rafael Caro Quintero, así como cualquier otro acto prohibido por el artículo 22 constitucional”, determinó el juzgador.
El hecho de que el capo sinaloense reclame estos actos en su agravio y el juez ordene suspenderlos, no implica necesariamente que sean ciertos. De hecho, en este momento no hay certeza de que la persona que promovió el amparo sea representante legal del extraditable.
De acuerdo con registros judiciales, este amparo fue presentado el pasado martes por José Mora León en nombre del capo sinaloense, reclamando supuestos abusos ocurridos el mismo día en el centro penitenciario.
Concede juez suspensión
Si bien el juez concedió una suspensión, en su acuerdo también pidió llevarle este amparo a Caro Quintero para que manifieste si ratifica o no la demanda promovida a su favor, así como para que informe si cuenta con defensor particular o público.
El juez García Quiroz también dio un plazo de 24 horas a las autoridades del penal para que informen por escrito el cumplimiento que le darán a esta suspensión, advirtiéndoles que incurrirían en un delito si afirmare una falsedad o niegan la verdad.
Caro Quintero fue capturado el 15 de julio pasado en Choix, Sinaloa, en un operativo de la Marina, con base en una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos, país que lo reclama por 8 cargos criminales, 3 de ellos relacionados con el asesinato del ex agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, ocurrido en 1985.
Al día siguiente de su detención, un abogado particular promovió un amparo similar al reseñado, reclamando la posible desaparición forzada e incomunicación.
Guillermo Francisco Urbina Tanús, Juez Décimo Tercero de Distrito en Amparo de la Ciudad de México, admitió la demanda de garantías, pero dos días después la desechó porque no existían o no se podía probar la existencia de los actos que reclamaba en su agravio.
