CIUDAD DE MÉXICO.- Una alta funcionaria de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) está sujeta a proceso porque supuestamente fue omisa al permitir el pago “extra” de 4.3 millones de pesos en la indemnización de un exfuncionario del ISSSTE que ganó una demanda laboral.
Se trata de Carmen Andrea López Olivera, presidenta de la Junta Especial Número 1 de la JFCA, a quien un Juez de control federal del Reclusorio Norte vinculó a proceso por delito contra la administración de justicia, en la modalidad de incurrir en omisiones que pudieran producir un daño, procedimiento que enfrenta en libertad, según registros judiciales.
Hace unos días, el Tercer Tribunal Unitario Penal en la capital le concedió un amparo, cuya consecuencia será que otro tribunal homólogo reponga el procedimiento y, con libertad de criterio, vuelva resolver si debe o no continuar procesada.
scalía General de la República.
En su momento, la Unidad de Quejas de la JFCA separó del cargo a López Olivera, pero ella ganó un juicio de nulidad en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que obligó a que fuera reinstalada el pasado 28 de junio.
El antecedente del caso es una demanda laboral en la que el 2 de junio de 2014 el ISSSTE fue condenado a pagar 6 millones 358 mil 057 pesos por concepto de salarios caídos y horas extras a Adrián Vieyra Rojas, a quien además debía reinstalar como jefe de Departamento de la Subdirección de Finanzas de Súper ISSSTE, cargo del que fue despedido el 1 de septiembre de 2013.
El ISSSTE litigó contra este laudo y el 13 de agosto de 2015 consiguió que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo le otorgara un amparo que le absolvió del pago de 4 millones 362 mil 750 pesos por concepto de horas extra.
Esta resolución de última instancia significaba pagarle a Vieyra sólo 1 millón 995 mil 307 pesos. Sin embargo, el 23 de junio de 2016, Eva Reina García Jiménez, secretaria de acuerdos de la Junta Especial Número 1, ignoró la sentencia del colegiado y certificó que el pago debía ser por 6.3
y no por 1.9 millones de pesos.
Como presidenta de la Junta Especial, López Olivera supuestamente suscribió el laudo en esos términos y como consecuencia se embargaron las cuentas del ISSSTE y se pagó la indemnización a Vieyra por una suma de 4.3 millones extra a lo que debía cobrar.
El 6 de septiembre pasado, el entonces Juez de control federal, Artemio Zúñiga Mendoza, vinculó a proceso a López Olivera y, aunque ella apeló, el fallo fue ratificado por Gabriela Rodríguez Escobar, magistrada del Primer Tribunal Unitario Penal.
Después, la procesada presentó el amparo y se lo concedió el Tercer Tribunal Unitario Penal, al estimar que no está debidamente fundada y motivada la resolución de la magistrada Rodríguez Escobar, por lo que ésta deberá resolver de nueva cuenta si procesa o no a la funcionaria señalada.
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