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CIUDAD DE MÉXICO.- La acusación contra el General Brigadier José Rodríguez Pérez de haber ordenado la ejecución de 6 de los 43 normalistas de Ayotzinapa, proviene del testigo protegido “Juan”, el mismo que ha declarado que sobornó a militares, funcionarios y policías federales, estatales y municipales para que protegieran a Guerreros Unidos.
El ex comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala se entregó el jueves, igual que sus subordinados, el sargento Eduardo Mota Esquivel y el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa.
“De él proviene (la acusación), pero con muchas imprecisiones, con muchas contradicciones, con una imputación muy vaga, en fin, con una serie de elementos jurídicos que la hacen más que dudosa”, dijo el abogado Alejandro Robledo, quien encabeza la defensa de 4 militares implicados en el caso, además del General y sus subordinados, del Capitán José Martínez Crespo, preso desde fines del 2020.
“Dice todo como muy vago, como que se da a entender muchas cosas y no se especifica, pero el derecho penal no da para ambigüedades. Si algo debes tener en el derecho penal es certeza. Es de las cosas que tenemos que demostrar”, señaló.
Cuando el Subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, dio a conocer el informe del Caso Iguala,señaló que el entonces jefe del 27 Batallón de Infantería habría instruido ultimar a los estudiantes, quienes permanecieron con vida cuatro días, tras los hechos violentos del 26 de septiembre de 2014.
Pero no dijo que la fuente de esa imputación era el testigo protegido “Juan”, un nombre clave que la FGR le dio a Gilberto López Astudillo “El Gil”, presunto jefe de plaza de Guerreros Unidos en Iguala, según fuentes federales.
“Juan” ha dicho a la Fiscalía que los elementos de los Batallones 27 y 41 de Infantería, con sede en Iguala, recibían al mes entre 60 y 120 mil pesos por protección, que incluía transportar en vehículos militares droga y armas para Guerreros Unidos.
Menciona que un General podía costarles 5 millones de pesos al mes, aunque no identifica a alguno que recibiera ese dinero.
El testigo también asegura que Rafael Hernández Nieto, quien en 2014 era comandante del 41 Batallón de Infantería y coordinador de Guerrero Seguro, era quien supuestamente recibía el pago de la nómina de sus subordinados.
En sus primeros testimonios no especificó quién era el militar que cobraba los sobornos para el 27 Batallón.
“Juan” también implica con Guerreros Unidos al entonces coordinador de la Policía Federal en Guerrero, Omar García Harfuch; a Pablo Jasso y Eliohenay Salvador Martínez, elementos de la Policía Ministerial de Guerrero, así como al ex Fiscal estatal, Iñaki Blanco.
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