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CIUDAD DE MÉXICO.- José Alberto Rodríguez Calderón, ex subalterno de Osorio Chong, se convirtió en testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso de la supuesta red de corrupción que desvió y lavó más de 5 mil millones de pesos para Genaro García Luna.
En el sexenio pasado, Rodríguez fue titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), que entonces estaba adscrito a la Secretaría de Gobernación.
Durante la audiencia en la que ayer fueron procesados Gloria García Luna y su hijo Édgar Anuar Rodríguez García, la FGR dijo que él era uno de los cuatro ex funcionarios del sistema penitenciario a quienes otorgó un criterio de oportunidad, es decir, la inmunidad penal a cambio de colaborar con las investigaciones.
Los fiscales federales mencionaron que los otros testigos con este beneficio son Mayela Almonte Solís, ex directora de los Penales Federales de Puente Grande, Tepic y Papantla; Mara Thelma Vega Pozos, ex asesora de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, y María Mercedes Muñoz.
“Ellos dicen que hubo irregularidades en los contratos (otorgados por el OADPRS a una empresa relacionada con García Luna)… declararon bajo criterios de oportunidad”, dijo el Fiscal Jorge Humberto Escobar durante la diligencia en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez.
La FGR ya se desistió de la acción penal contra Vega Pozos, quien estaba en la cárcel desde junio pasado, vinculada a proceso por delincuencia organizada y lavado. También ha decidido no actuar contra Rodríguez Calderón.
A fines de 2021, cuando la FGR pidió las aprehensiones de Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont, en una investigación por el supuesto desvío de 2 mil 950 millones de pesos del sistema penitenciario, el juez hizo un extrañamiento a la Fiscalía por no haber procedido contra el ex titular del OADPRS, ya que él fue quien firmó los contratos que originaron la transferencia ilegal de recursos.
“La participación de tales personas era imprescindible, ya que de no existir esos contratos simplemente no se obtienen los recursos y, por otro lado, era necesario que personal del propio OADPRS de la Secretaría de Gobernación favoreciera las operaciones”, dijo en ese entonces el juez Iván Zeferín.
Fuentes allegadas al caso revelaron que los ahora testigos colaboradores de la FGR recibieron amenazas para que no rindieran sus testimonios ministeriales y que los amagos vendrían del entorno de García Luna y los empresarios Jonathan Alexis Weinberg Pinto y Mauricio Samuel Weinberg López, proveedores de equipos tecnológicos de la SSP Federal en el sexenio de Felipe Calderón.
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