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Al pronunciarse a favor de promover el derecho humano a la movilidad de forma accesible y con un precio justo, en representación de la Fracción Legislativa del PRI, el diputado Gaspar Quintal Parra presentó una reforma de ley para que se reconozca la tarifa social en el transporte público, para que los grupos vulnerables y los servidores públicos obtengan descuentos en el pasaje.
Desde la Tribuna del Congreso del Estado, el coordinador de la bancada priísta sostuvo que es esencial que el transporte urbano esté al alcance de todas las personas sin discriminación alguna, por lo que debe ser accesible a las diferentes necesidades sociales y considerando que el precio sea el apropiado para los ingresos de las y los usuarios.
“Por tal razón, debemos sentar las bases para que su disfrute no genere una carga irracional o desproporcionada en costos y cargos directos a la ciudadanía que podrían directa e indirectamente limitar el ejercicio de otros derechos. En el PRI sostenemos que el transporte público no debe representar una inversión elevada ni en costos, ni en tiempo”, recalcó.
Explicó que en Yucatán, el transporte público representa el medio más usado para el desplazamiento, justo en el país en donde es más caro tener un automóvil propio y aún más el poder mantenerlo, por la fluctuación constante de los precios de la gasolina, según el estudio “Global Cost of a Car”, realizado por FINN AUTO.
Por esta razón, enfatizó Gaspar Quintal, su bancada presentó esta iniciativa en la que se reconozca la tarifa social en la Ley de Movilidad y Seguridad Vial para niñas, niños, estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad, para que de esta manera se incentive el uso del transporte público y a su vez se aligere la carga monetaria en este servicio
La propuesta también plantea que se amplíe el descuento en el pasaje a beneficio de las personas trabajadoras de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, Poderes Legislativo y Judicial, así como organismos autónomos estatales, pues la Fracción del PRI empatiza con los servidores públicos, quienes son la fuerza que hace funcionar a las instituciones yucatecas.
“Esta implementación es una respuesta inmediata y eficaz a la preocupante inflación y encarecimiento que se ha manifestado en nuestro Estado, ya que mediante esta tarifa social, los servidores públicos que usan a diario el transporte público lograrán ahorrar una cantidad considerable y relevante de dinero para poder usarla para su disfrute personal y de su familia”, remarcó.
En la misma sesión legislativa, la diputada priísta Karla Franco Blanco presentó una iniciativa para que aumenten las penas por el delito abuso sexual infantil en el Código Penal de Yucatán, para que la sanción mínima de cárcel sea de 12 años y la máxima de 20, así como elevar a 600 y 3 mil los días multa.
“No escatimamos en que la prevención es la mejor herramienta para evitar se cometa cualquier tipo de delito, pero no podemos pasar por alto que el Estadotiene la obligación de aplicar todo el peso de la ley a quien lesione la libertad sexual de un menor, en la comisión de esta reprobable conducta”, sostuvo.
La representante del PRI señaló que es obligación del Estado proteger a las infancias, y que las y los legisladores tienen una responsabilidad enorme para restituir su sano desarrollo, por lo que quienes se atrevan a dañarlos, lo pagarán de manera contundente.
