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CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante la justicia federal una nueva imputación contra Jesús Murillo Karam, ahora por el caso de la supuesta tortura a Felipe Rodríguez Salgado “El Cepillo”, presunto miembro de Guerreros Unidos y señalado por la desaparición los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur programó la audiencia inicial para este lunes 17 de abril a las 9:30 horas y estará presidida por el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, informaron funcionarios del Poder Judicial de la Federación.
Indicaron que la Fiscalía General de la República (FGR) formulará la imputación contra el ex Procurador por los delitos de tortura, desaparición forzada y coalición de servidores públicos, los dos primeros con prisión preventiva de oficio.
De acuerdo con un funcionario judicial, Murillo no será trasladado desde el Reclusorio Norte al Sur, sino que comparecerá a través del sistema de videoconferencia, dados los problemas de salud que le aquejan desde que se encuentra preso.
Indicó que la FGR ya avisó por anticipado que pedirá que sean reservados los nombres de las víctimas y testigos relacionados con esta carpeta de investigación y que, de no aceptarse la solicitud, la fiscalía buscará otras medidas para mantener bajo secrecía sus identidades.
A diferencia de otras investigaciones del Caso Iguala en las que ha procedido contra decenas de implicados, en el expediente de las presuntas torturas a “El Cepillo” la FGR ha ejercido acción penal contra mandos federales de alto perfil de la administración pasada.
Por este asunto, tienen orden de aprehensión Tomás Zerón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal; e Ignacio Mendoza Gandaria, ex director de Apoyo a la Operación del desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
También están fugitivos Gualberto Ramírez Gutiérrez, ex jefe de la Unidad Antisecuestros; y Abraham Eslava Arvizu, ex jefe de la Unidad Especializada en Investigación de Robo y Asalto de Vehículos, ambos adscritos a la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.
Los hechos de esta imputación están relacionados con un interrogatorio practicado a “El Cepillo” en las instalaciones de la Policía Federal Ministerial, en la Calle de Moneda, presumiblemente entre el 15 y 16 de enero de 2015.
La diligencia fue grabada en un video que fue difundido el 13 de julio de 2020 en redes sociales y que provocó la reacción de organismos internacionales como la ONU-DH, que señalaron probables actos de tortura a “El Cepillo”, presunto sicario que en su momento fue acusado de incinerar a los normalistas.
El video tiene una duración de 2 minutos con 52 segundos. Al inicio se observa a “El Cepillo” sentado, sin playera, con la cabeza tapada al parecer con una prenda de vestir.
La FGR pretende imputarle a Murillo las torturas de las que habría sido víctima el “El Cepillo”, porque las instalaciones en las que ocurrieron los hechos administrativamente hablando están bajo el control del Procurador General de la República.
Dos informes médicos señalan que “El Cepillo” tenía 31 lesiones y 3 áreas de lesiones tras su captura; el Segundo informe del GIEI refiere 9 hematomas y 2 áreas de hematomas, incluyendo una de 30 x 25 centímetros en el pecho y una excoriación en zona lumbar de 18×22 cm, entre otras lesiones.
Pero la Fiscalía también tiene el propósito de fincarle a Murillo la desaparición forzada de “El Cepillo”, aunque este delito habría ocurrido sólo por unas horas, porque el presunto delincuente fue detenido a las 23:50 horas del 15 de enero de 2015 y fue puesto a disposición de la SEIDO cuatro horas y media más tarde.
Murillo Karam fue aprehendido el pasado 19 de agosto por la Marina en las Lomas de Chapultepec y fue vinculado a proceso por delitos contra la administración de la justicia, tortura y desaparición forzada. Desde entonces, aunque ha sido trasladado varias veces a distintos hospitales, permanece en el Reclusorio Norte.
En ese proceso, lo señalan como el artífice de un supuesto montaje en el Caso Iguala que las autoridades actuales denominan “verdad histórica”, porque presuntamente ordenó alterar y manipular evidencias y desviar líneas de investigación, contribuyendo a ocultar el paradero de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
