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La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos
para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), en voz de su Comisionado
Presidente para América Latina y el Caribe, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, exigió
al gobierno de Daniel Ortega cumplir con su obligación de en garantizar la vida
y los derechos humanos de todos los integrantes de la Universidad
Centroamericana. No puede señalar a la libertad de pensamiento como terrorismo,
toda vez que esta libertad ayudó para que el movimiento sandinista llegara al
poder.
Este miércoles la Universidad Centroamericana
de Nicaragua (UCA) anunció que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo
los acusó de “terrorismo” y ordenaron incautar todos los bienes muebles,
inmuebles y dinero de la casa de estudios jesuita. En el oficio de la justicia
orteguista se les ha señalado “como un centro de terrorismo, organizando grupos
delincuenciales”, argumento que, a consideración de la UCA, es infundado.
La UCA se suma a una lista de instituciones
educativas que ha sido confiscadas por el régimen nicaragüense, entre las que
se encuentran la Universidad Hispanoamericana (Uhispam), denunciada por
“falsear información”, lavado de dinero, no reportar sus estados financieros,
entre otras causas. Estas acciones han preocupado a estudiantes, docentes y a
la población en general, pues son intentos de controlar las universidades para
acallar las voces críticas hacia la pareja presidencial. Estos ataques son una
clara violación al artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos,
el cual aboga por la libertad de expresión. También se está vulnerando el
derecho a la libertad de conciencia y de religión amparado por el artículo 18 de la Declaración Universal y por el
artículo 12 del Pacto de San José.
La actual administración encabezada por Ortega
y Murillo ha venido acumulando una serie de violaciones a los derechos humanos,
por ejemplo, en febrero de este año 94 opositores y críticos fueron declarados
como traidores a la patria, entre los que se contaban escritores, periodistas,
activistas y miembros de la iglesia, como el obispo auxiliar de Managua, Silvio
Báez. También es importante recordar la represión durante el proceso electoral
del 2022, donde se detuvieron de manera arbitraria a siete personas
precandidatas a la presidencia. En suma, Nicaragua enfrenta graves casos de
censura a sus medios de comunicación, actualmente se encuentran en el exilio
cuatro comunicadores: Juan Lorenzo Holmann, Tamara Dávila, Lesther Alemán y
Miguel Mendoza, quienes habían sido encarcelados injustamente por casi dos
años.
Lamentablemente, en toda América Latina se
cuentan casos que ponen en riesgo la libertad de expresión. El
pasado 14 de junio, un tribunal guatemalteco sentenció al periodista José Rubén
Zamora a seis años de prisión por lavado de dinero, sin embargo, su detención
sucedió unos días después de haber publicado una investigación sobre “la trama
rusa”, donde se señaló al presidente Alejandro Giammattei de recibir sobornos
de empresarios rusos a cambio de beneficiarlos con concesiones de megaproyectos.
En
México las y los comunicadores también han visto sus derechos e integridad
vulnerados. No solo no se ha podido resolver con eficacia la ola de violencia
hacia este sector, también deben enfrentar los ataques en su contra por parte
del representante del ejecutivo. Durante sus conferencias matutinas, el
presidente Andrés Manuel López Obrador desestima el trabajo de periodistas
críticos a su gobierno, lo cual legitima todo tipo de agresiones hacia ellos.
Por
otro lado, por medio de la ley, países como Venezuela, Honduras, Cuba y la
misma Nicaragua han estado implementando legislaciones que ponen en riesgo la
libertad de expresión. En El Salvador, por ejemplo, en el 2022 se hizo una
reforma al Código Penal que pretende castigar con 15 años de cárcel a los
reporteros que informen sobre las pandillas. Mientras que, en Venezuela, la Ley
Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia,
aprobada en el 2017, ha venido utilizándose para hostigar a opositores,
activistas y periodistas, acusándolos de fomentar al odio o a la
discriminación.
No
es posible seguir permitiendo la censura ni los ataques a las personas que, en
el ejercicio de la libertad de expresión, son encarcelados, violentados o
mandados al exilio. Es intolerable que los gobiernos de izquierda repliquen las
mismas prácticas de las que fueron víctimas cuando ostentaban el papel de
oposición. Es por eso que, desde la CIDHPDA, instamos a todos los gobiernos de
América Latina a cumplir su obligación de hacer valer los derechos humanos y
las garantías individuales para todos los habitantes de su respectiva nación.
