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Exhiben fabricación en caso Ayotzinapa  

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CIUDAD DE MÉXICO.- Una funcionaria de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) acusó ante la Fiscalía General de la República fabricación de constancias ministeriales para “cuadrar” y darle apariencia de legalidad a la captura de cuatro presuntos implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Ericka Ramírez Ortiz, agente del Ministerio Público Federal que hoy goza de un criterio de oportunidad, señaló a Gualberto Ramírez Gutiérrez, entonces Coordinador de la Unidad Antisecuestros de la SEIDO (primer encargado de la investigación del caso Iguala), como responsable de instruirle la elaboración de los documentos cuando los detenidos ya estaban en los separos de la subprocuraduría.

El relato gira en torno a las capturas de Jonathan Osorio Cortés, “El Jona”, Patricio Reyes Landa, “El Pato”, Darío Morales Sánchez, “El Comisario”, y Agustín García Reyes, “El Chereje”, presuntos miembros de Guerreros Unidos, ocurridas el 27 de octubre de 2014.

“Recuerdo que estaba en la oficina de mi coordinadora, la licenciada Catalina, cuando llega Gualberto y se sienta y nos dice: ‘ya vienen los detenidos’, mencionando que ellos tenían una relevancia en el caso Ayotzinapa, y nos refiere ‘¿cómo vamos a cuadrar esto?’, ya que ya vienen para acá y no hay antecedente”, narró en el testimonio rendido el 6 de agosto de 2021, que consta en la orden de aprehensión librada contra el Procurador Jesús Murillo Karam.

“Juntos los tres empezamos a ver cómo íbamos a cuadrar legalmente la llegada de los detenidos, y Gualberto nos explica el contexto de la importancia de los detenidos, (ya que ellos nos iba a decir todo lo que había pasado el 26 y 27 de septiembre de 2014), el problema era que no teníamos cómo cuadrarlo, por lo que Gualberto pide el listado de las averiguaciones previas iniciadas recientemente, y a cargo de quién estaba, observando que la última fue iniciada el sábado 25 de octubre de 2014, determinando los tres que esa era la adecuada para que se inicie la investigación de los detenidos que venían”.

Lo que Gualberto habría ordenado elaborar, según el dicho de su ex subordinada, era una serie de documentos que fueran fechados desde el 25 de octubre -dos días antes- para construir una secuencia lógica que concluyera con las capturas.

El primero iba a ser una llamada telefónica anónima con esa fecha anterior, con base en la cual se emitiría un mandamiento ministerial para que dos agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) viajaran a Iguala a levantar un informe sobre Guerreros Unidos.

“Se necesitaba constancia de la llamada telefónica, comentándose la importancia de que debía existir el antecedente de que las personas existían (…) yo me retiro de la oficina de Catalina, localizándome en mi oficina, llega Gualberto y me dice échame la mano con la constancia, y yo dije que sí, informándome en qué términos la tenía que hacer”, relata.

Ramírez le ordenó a Ericka poner como testigo de la recepción de la llamada telefónica a Brisa Amador Apolo,a quien la testigo colaborador identifica como pareja sentimental del ex coordinador Antisecuestros.

Ericka agrega que el mando de la SEIDO le entregó un legajo con información de la base de datos de Plataforma México y le pidió que girara el oficio para solicitar a la Policía Federal Ministerial que le entregara el informe de la investigación de Guerreros Unidos.

Una vez que Gualberto autorizó la constancia y el oficio, se recabaron las firmas y entregaron los documentos a Jorge García Valentín, fiscal de la Unidad Antisecuestros de la SEIDO.

Poco después, Jaime Cabrera López y Juana Elizabeth Juárez Luna, agentes de la PFM a quienes conocían como “El Jimmy” y “Eli”, fueron a la oficina de Ericka Ramírez para informarle que ellos eran los policías que realizarían el informe con fecha de dos días antes.

“No omito mencionar que el oficio de solicitud de investigación para la Policía Federal Ministerial lo elaboré yo el día 27 e octubre de 2014, y no el día 25 de octubre de 2014”, reconoció.

Los agentes de la PFM fecharon su informe el 26 de octubre de 2014 -un día antes de las capturas-, detallando el organigrama del grupo criminal, e identificando plenamente a los cuatro detenidos.

Dicho documento sirvió para que la SEIDO ordenara la localización y presentación de los cuatro presuntos narcotraficantes, después de que ya estaban detenidos.

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