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CIUDAD DE MÉXICO.- El Inai anunció ayer que evalúa los mecanismos legales a su alcance para defender la transparencia ante el nuevo decreto del Presidente Andrés Manuel López Obrador en el que declara como de seguridad nacional e interés público obras estratégicas de su Administración como el Tren Maya y tres aeropuertos regionales.
“Analiza Inai mecanismos legales para defender transparencia y derecho de acceso a la información sobre obras y proyectos de infraestructura del Gobierno Federal, ante nuevo decreto del Ejecutivo”, indicó ayer en sus redes sociales.
La nueva disposición presidencial se publicó apenas unas horas después que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anulara un “decretazo” de noviembre de 2021 que clasificó como de seguridad nacional las obras prioritarias del Gobierno y ordenó agilizar los trámites para ejecutarlas.
El decreto, divulgado ayer en la edición vespertina del Diario Oficial, ya no ordena agilizar trámites para obras prioritarias en general, como hacía el de 2021, pero sí repite la clasificación de seguridad nacional que rechazó la Corte por afectar el acceso a la información.
En votaciones diferenciadas, el Pleno de la Corte declaró fundada una controversia constitucional del Instituto Nacional de Acceso a la Información (Inai) contra el Acuerdo del Ejecutivo que impuso a todas las dependencias la obligación de emitir en no más de cinco días hábiles permisos provisionales por 12 meses para toda clase de obras prioritarias.
Ocho ministros votaron por invalidar el artículo primero del Acuerdo, que “declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura” en múltiples sectores.
Tras conocerse el fallo de la Corte, el Inai consideró que la decisión salvaguarda el derecho de la sociedad a la transparencia de la actuación de las autoridades.
“El fallo de la Corte deja a salvo el derecho de la sociedad a conocer y acceder a toda la información relacionada con los proyectos y obras a cargo del Gobierno, lo cual permitirá monitorear su desarrollo y vigilar que el gasto público se lleve a cabo de manera eficaz y eficiente”, indicó en un comunicado.
Recordó que la controversia constitucional contra el primer “decretetazo” fue interpuesta el 10 de diciembre de 2021 al advertir que se realizaba una reserva anticipada y generalizada de la información relacionada con los proyectos u obras del Gobierno federal, hecho que vulneraba el derecho a saber de la sociedad.
“Señaló que el Acuerdo ampliaba el concepto de seguridad nacional y alteraba los supuestos de excepción para la reserva de la información pública. Por tanto, el Instituto concluyó que existía una posible violación al derecho de acceso a la información previsto en el artículo 6 de la Constitución mexicana, así como a las facultades del Inai”, indicó.
“Si bien la seguridad nacional y el interés público son causales de reserva o clasificación de la información, lo cierto es que se debe analizar caso por caso y elaborar la prueba de daño correspondiente”.
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