Multisistema de Noticias Cambio, empresa de Ignacio Mier Velasco, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, recibió un contrato del Congreso de Puebla, donde es legisladora local su hija Daniela Mier Bañuelos.
La adjudicación directa a la empresa donde Mier tiene 34% de las acciones, contraviene la Normatividad para el Ejercicio del Presupuesto del Congreso del Estado, que impide contratar a las empresas cuyos socios sean funcionarios públicos.
El contrato por 70 mil pesos se entregó en octubre, un mes después de que Daniela Mier asumiera como diputada local de Morena en la LXI Legislatura.
El legislativo de Puebla le pagó a Multisistema de Noticias Cambio por la difusión institucional, del 29 de octubre al 31 de diciembre de 2021, de las actividades legislativas y de todo aquello que se consideraran asuntos de interés para el Congreso
La adjudicación se hizo con la aprobación unánime del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Congreso de Puebla, el cual preside la diputada morenista Ruth Zárate, exregidora de Tecamachalco, el municipio que actualmente gobierna Carlos Ignacio Mier Bañuelos, hijo del diputado federal Ignacio Mier Velasco.
Este es el primer contrato que la LXI Legislatura, de la que es parte Daniela Mier, le entrega a la empresa conocida como Diario Cambio.
En Loret Capítulo 57 se publicó que la anterior legislatura del Congreso de Puebla, el gobierno de Miguel Barbosa y municipios poblanos, la mayoría morenistas, también otorgaron contratos a esta compañía, de la que Mier Velasco fue presidente del Consejo Directivo de 2008 a 2015.
Contratos y facturas comprobaron que la compañía recibió 10 millones de pesos por gobiernos en Puebla entre 2018 y 2021, tiempo en el que Mier se ha desempeñado como diputado federal.
El poblano llegó a la Cámara de Diputados en septiembre de 2018 y, de acuerdo con su declaración de intereses 2019 y 2020, cobró como legislador y al mismo tiempo recibió 300 mil pesos anuales como accionista de la empresa.
Expertos en derecho administrativo y temas anticorrupción afirmaron que los contratos con instituciones públicas violaron el artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal de Puebla que impide a los gobiernos celebrar contratos con las personas “que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte”
