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CIUDAD DE MÉXICO.- En México se vive una grave crisis de derechos humanos que sigue acentuándose desde hace 16 años sin que a la fecha, el Estado tome acciones concretas, advirtió la organización Amnistía Internacional (AI).
Al presentar el informe 2022 “La situación de los derechos humanos en el mundo”, Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de la organización en México lamentó que la investigación reportó resultados negativos en el país.
“La desaparición de personas sigue imparable, así como la violencia de género y los feminicidios. El uso excesivo de la fuerza contra las personas, por parte del Ejército y la Guardia Nacional, ha causado la muerte de niñas, personas jóvenes y mujeres”, apuntó.
El organismo documentó atropellos a los derechos humanos en libertad de expresión; violencia contra mujeres y niñas; desapariciones forzadas; uso excesivo de la fuerza así como detención y reclusión arbitrarias.
Reportó además asesinato de defensores y defensoras de los DH; vulneración de derechos sexuales y reproductivos y contra la comunidad LGBTIQ+; actuación deficiente conta la crisis climática y degradación ambiental así como descuido a migrantes e indígenas.
“El Gobierno siguió estigmatizando a las personas feministas y defensoras de los derechos humanos que protestaban contra su inacción en materia de violencia de género y, en algunos estados, las fuerzas deseguridad reprimieron con violencia a mujeres manifestantes”, alertó la organización.
Destacó la cifra de homicidios de periodistas, de los cuales algunos habían recibido medidas oficiales de protección.
“México vivió el año más mortífero de su historia, con al menos 13 periodistas asesinados”, subrayó.
Además apuntó que al terminar el año se habían registrado más de 109 mil casos de personas desaparecidas y no localizadas.
La organización cuestionó la estrategia de militarización de la seguridad pública, la que, resaltaron, aumentó y con la legislación se consolidó la participación de las Fuerzas Armadas (FA) en las tareas de seguridad pública hasta 2028.
“En 2022, la Guardia Nacional se hizo cargo de 227 áreas que normalmente eran competencia de organismos civiles y de las cuales 148 no guardaban relación con la seguridad pública, como la construcción de aeropuertos y autopistas, la gestión de la vacunación contra Covid-19 y el control migratorio”, destacó el informe.
Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas subrayó que en la región, pese a prometer prosperidad, seguridad, avances sociales y protección ambiental, los Gobiernos han dado la espalda a las mujeres, las personas refugiadas y otros grupos históricamente marginados.
Cuestionó que no abordaron de forma adecuada la crisis climática y reprimieron con brutalidad a quienes se atrevían a levantar la voz contra la injusticia y la desigualdad.
La asociación concluyó que las respuestas insuficientes a los abusos contra los derechos humanos alimentaron la impunidad y la inestabilidad.
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