CIUDAD DE MÉXICO.- La captura de Jesús Murillo Karam es quizá la más rápida que ha ejecutado la Fiscalía General de la República (FGR) en el Caso Iguala, pues empleó sólo 24 horas para obtener la orden de aprehensión y detenerlo afuera de su casa de las Lomas de Chapultepec.
Con otros imputados en el mismo expediente, las autoridades federales han batallado semanas, meses o años en capturarlos, pero con el ex Procurador General de la República sólo bastaron unas horas.
El jueves 18 de agosto, en una diligencia privada con fiscales federales, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte ordenó su captura, según información ventilada por la FGR en la audiencia inicial del procedimiento.
Para ejecutar el mandamiento de captura, girado por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia, la Fiscalía pidió el apoyo únicamente de la Secretaría de Marina para garantizar el sigilo.
La organización del operativo fue encomendado al Teniente de Fragata, Florencio Espinoza Camacho, quien al día siguiente, (viernes), a las 15:31 horas, ejecutó la aprehensión, luego de confundir al ex Procurador con uno de sus hermanos.
A partir de las 8:00 horas de hoy miércoles, se juega su suerte Murillo Karam, el único ex titular de la PGR que ha pisado la cárcel y el servidor público de más alto nivel que ha sido detenido por el Caso Iguala.
El hidalguense volverá a estar frente al juez de control, Marco Antonio Fuerte Tapia, quien decidirá si existen o no datos de prueba para vincularlo a proceso.
Si el ex funcionario es procesado por los tres delitos, continuará sujeto a la prisión preventiva justificada en el Reclusorio Norte, donde permanece desde el pasado sábado; si no es vinculado, recuperará su libertad.
En caso de que el juzgador decida vincularlo por sólo uno o algunos de los delitos, pero no por los tres, el también ex Gobernador de Hidalgo tendrá la posibilidad de pedir la modificación de la medida cautelar; es decir, podrá solicitar la libertad con algunas restricciones o la prisión domiciliaria.
Ninguna de las modalidades delictivas imputadas a Murillo Karam ameritan la prisión preventiva de oficio, sin embargo, le impusieron la prisión justificada porque el juez estimó que existe el riesgo de que se pueda dar a la fuga, por contar con los recursos económicos, antecedentes migratorios y una red de relaciones que podrían facilitarle huir a un país sin tratado de extradición con México.
La FGR imputa a Murillo Karam ser el autor intelectual de la “verdad histórica” en el Caso Iguala, porque presumiblemente en forma premeditada ordenó alterar y manipular evidencias y desviar líneas de investigación, contribuyendo a ocultar el paradero de los 43 normalistas desaparecidos en septiembre de 2014.
La tortura y los delitos contra la administración de la justicia que se le imputan -en los que se incluyen siembra, manipulación y desaparición de evidencias-, ocurrieron entre el 6 de octubre de 2014 y el 27 de enero de 2015, fechas en la que ofreció tres ruedas de prensa en las que dio a conocer información presuntamente obtenida bajo tortura.
La desaparición forzada, de acuerdo con los fiscales, es un ilícito continuado desde el 26 de septiembre de 2014 a la fecha.
Para la FGR, la “verdad histórica”, una versión ficticia de los hechos, fue “fraguada” por Murillo Karam desde el 6 de octubre de 2014, fecha en que sostuvo un cónclave con altos mandos de los tres niveles de gobierno para planear la siembra de evidencias y el desvío de las líneas de investigación.
En esa reunión presidida por el hidalguense habrían participado Tomás Zerón, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal; Gualberto Ramírez, ex jefe antisecuestros de la SEIDO; el ex delegado de la PGR en Guerrero, José Luis Martínez; el ex jefe de la Policía Federal Ministerial, Carlos Gómez Arrieta; José Luis Morales López, ex Jefe Regional de esa corporación en Guerrero y Omar García Harfuch, ex coordinador de la Policía Federal en la misma entidad.
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